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Política de Estado y reclamaciones territoriales alrededor de Chile

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Por estos tiempos, surgen alrededor de Chile y su territorio, por el norte y por el sur, dos puntos geopolíticos que contienen dilemas de política exterior, que pueden leerse como desafíos y también como oportunidades.

Estos dos escenarios nos recuerdan que en muchos lugares de América Latina subyacen con persistencia, antiguas reclamaciones y diferendos provenientes del siglo XIX.

Se atraviesan en las agendas  postmodernas del siglo XXI, los viejos fantasmas decimonónicos por soberanías, territorios y fronteras como si los potentes impulsos a la modernidad arrastraran consigo banderas, mitos y reclamos que los tratados y la diplomacia no han terminado de zanjar.

Como si las experiencias de colonización europea que vivieron los países latinoamericanos del siglo XVI al siglo XIX, hubieran dejado como lastre mental una herencia cultural de nacionalismos estrechos, de guerras que los tratados no resuelven y de procesos de integración inconclusos.

Podría afirmarse incluso -acaso forzando la metáfora- que en ciertos círculos de la geopolítica latinoamericana, el Tratado de Westfalia parece  no haber ocurrido.

AGUAS EN EL NORTE.

Por el norte, el gobierno boliviano agita los medios y la opinión pública de su país con una campaña crecientemente agresiva y hostil hacia Chile, a propósito del uso de las aguas del río Silala, un curso de agua internacional que nace a 5 kms de la frontera binacional y desagua como afluente del río Loa en el océano Pacífico.

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La actual campaña comunicacional del gobierno boliviano puede interpretarse como una cortina de humo altisonante para desviar la atención de la opinión pública interna, ante sus recientes reveses electorales, o para dejar instalada una reclamación anticipada cuando el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre la demanda marítima sea emitido.

Bolivia ha comenzado a comprender que aunque el futuro fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya dispusiera que ambos países se sienten a dialogar  sobre la demanda marítima boliviana, nada obliga ni podrá obligar jurídicamente al Estado de Chile a ceder soberanía o territorio nacional para satisfacer tal reclamación. El Tratado de Paz de 1904 puede ser comprendido como el marco jurídico fundamental que regula las relaciones bilaterales, así como la piedra de tope inamovible donde se estrellan y se seguirán estrellando los constantes dispositivos mediáticos desplegados  por el gobierno de turno de Bolivia.

De ahí se desprende que el camino boliviano de judicializar el diálogo diplomático no conduce ni conducirá a ningún lado, y menos al litoral de Chile.

Si los gobernantes bolivianos de turno creyeron que con campañas comunicacionales iban a lograr mover la postura de Chile y su política exterior en cuanto Política de Estado, se equivocaron, porque la política exterior es una combinación de Política y Diplomacia, pero no de ruido mediático. Y en cambio, lo que sí han ido logrando en la opinión pública en Chile es un creciente rechazo ciudadano y político a sus provocaciones.   Se equivoca el gobierno de La Paz en alimentar la odiosidad antichilena en la población boliviana.

La política de Estado de Chile en materia territorial es clara y precisa: Chile no abriga reclamaciones territoriales sobre espacios ajenos y funda su política territorial sobre la vigencia efectiva de sus intereses nacionales y el respeto irrestricto a los tratados internacionales, como marco fundamental que posibilita las relaciones internacionales en un plano de igualdad.

AGUAS EN EL SUR.

Por el sur, una reclamación argentina sobre la plataforma continental de islas y territorios del Atlántico sur y del océano Austral y antártico, ha encontrado eco en una instancia de Naciones Unidas, apareciendo ante la opinión pública como un triunfo diplomático.

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Se trata de una maniobra diplomática argentina que apunta hacia Gran Bretaña, que produce un aparente choque entre el principio de las 200 millas establecido por la Convención del Mar, y la reclamación de soberanía por el archipiélago de las Falklands.

No logramos imaginarnos que si Argentina dibuja en los mapas las 200 millas desde la costa argentina hacia el Atlántico sur, Gran Bretaña podría también dibujar imaginariamente las 200 millas alrededor del archipiélago de las Falklands generando un choque de reclamaciones marítimas.

No cabe duda que la reclamación de Argentina a propósito de la plataforma continental en la zona del Atlántico sur, apunta en una dirección geopolítica manifiesta: la de cuestionar jurídicamente la presencia británica en las islas Falklands y en particular, la exploración y explotación del fondo marino en la plataforma del archipiélago desde 2010, y que realiza actualmente la empresa Rockhopper Exploration por encargo del gobierno de dicha dependencia británica.

Argentina cuestiona las actividades de exploración petrolera y gasífera que allí se realizan bajo el argumento que dichas operaciones tienen lugar en la plataforma continental argentina.

Pero, cabe observar que, de acuerdo a la cartografía conocida, la proyección de la llamada plataforma continental puede tener implicancias tanto para la soberanía de Chile y el libre tránsito marítimo que se ejerce plenamente en el estrecho de Magallanes hasta su boca oriental, como porque además manifiesta una reclamación territorial que se refiere a los territorios antárticos, la que está expresamente vedada por el Tratado Antártico de 1959, firmado y ratificado también por Argentina.

¿Cómo podría aplicarse coherentemente el principio de la llamada “plataforma continental” -que obedece específicamente a la normativa de la Convención del Mar- sobre los espacios marítimos o terrestres antárticos, en circunstancias que el Tratado antártico congeló expresamente las reclamaciones territoriales y de soberanía sobre dichos espacios?

En el marco del Tratado Antártico de 1959, citamos: “Ninguna disposición del tratado se interpretará como renuncia o menoscabo o como perjudicial a los derechos de soberanía territorial o a las reclamaciones territoriales en la Antártida, previamente declaradas. Ninguna actividad que se realice mientras esté en vigencia el tratado servirá para hacer valer, crear, apoyar o negar un fundamento de reclamación de soberanía territorial. Se prohíbe la ampliación o creación de nuevas reclamaciones de soberanía territorial en la Antártida mientras dure el tratado.”

Si a esto se agrega que Chile, Argentina y Gran Bretaña tienen definiciones territoriales sobre la misma península antártica, superponiéndose casi exactamente sus respectivas reclamaciones, fuerza sería de concluir que la manifestación argentina de una plataforma continental sometida supuestamente a su jurisdicción en el océano Austral y en el territorio antártico, no tiene efecto jurídico objetivo en las actuales condiciones y choca notoriamente con las estipulaciones del Tratado Antártico.

Desde los inicios del siglo XX, la política antártica nacional ha estado orientada principalmente a la consolidación y fortalecimiento de los derechos soberanos de Chile en el sector que se proyecta hasta el Polo Sur entre los meridianos 53° y 90° de longitud oeste; a prevenir controversias internacionales que pudieren afectar la paz y convivencia en el continente; y, a partir de la negociación del Tratado Antártico y su adopción en 1959, a la promoción de los principios que establece dicho instrumento y a la consolidación de un sistema derivado del mismo, efectivo entre sus miembros y legítimo ante la sociedad internacional.

Es en este escenario donde se ponen a prueba la solidez de la postura internacional de nuestro país, la perseverancia de su acción exterior, el sentido de respeto al Derecho y de política de Estado de la diplomacia de Chile.

Ambas cuestiones constituyen una interpelación a la capacidad de diálogo y a la perspectiva de integración que subyace en la Política Exterior y en la diplomacia chilena.

Manuel Luis Rodríguez U.

El Tratado Antártico de 1959 congeló todas las reclamaciones territoriales sobre la Antártica

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El artículo 4 del Tratado Antártico de 1959, que suscribieron y ratificaron los Gobiernos de Argentina, Australia, Bélgica, Chile, la República Francesa, Japón, Nueva Zelandia, Noruega, la Unión del África del Sur, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América, establece que:

“Ninguna disposición del tratado se interpretará como renuncia o menoscabo o como perjudicial a los derechos de soberanía territorial o a las reclamaciones territoriales en la Antártida, previamente declaradas. Ninguna actividad que se realice mientras esté en vigencia el tratado servirá para hacer valer, crear, apoyar o negar un fundamento de reclamación de soberanía territorial. Se prohíbe la ampliación o creación de nuevas reclamaciones de soberanía territorial en la Antártida mientras dure el tratado.”

Chile y Bolivia: dos diplomacias

Los recientes desencuentros mediáticos entre Chile y Bolivia, ponen de relieve las diferencias profundas de estilo y de orientación estratégica entre las políticas exteriores que desarrollan ambas Cancillerías y ambos Gobiernos.

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La política exterior es siempre un reflejo de la realidad de la política de un Estado, donde se combinan -en un equilibrio siempre impreciso- las necesidades del corto plazo, con los imperativos del mediano y largo plazo, las posibilidades del multilateralismo con las exigencias del bilateralismo.

Hacer política internacional no equivale ni a hacer negocios y transacciones en el mundo, ni a ocupar un escenario comunicacional para impactar sobre la opinión pública.

De este modo, mientras la diplomacia boliviana juega sobre la lógica circunstancial de ocupar la política exterior como herramienta para la política interna, la diplomacia chilena, en cambio juega sobre el sentido de las instituciones y las normas internacionales, en un contexto global inestable, asimétrico e impredecible.

Mientras la política exterior de Bolivia opera como un ejercicio de política altisonante y de comunicaciones basadas en la confrontación con el vecino tratado como adversario, la política exterior de Chile opera como una Política de Estado -inscrita en el mediano y largo plazo- basada en el diálogo y el respeto a las reglas del derecho internacional, en función de un conjunto de intereses nacionales.

El actual gobierno de Bolivia ha pasado desde la descortesía y las actitudes inamistosas con Chile, a una política de confrontación para efectos de su política interna.

POLÍTICA INTERNA Y POLÍTICA EXTERIOR.

Siempre ha sido impreciso el límite entre la política interna y la política exterior.

Generalmente se entiende, en diplomacia moderna, que la política interna delimita un campo de ideas, movimientos, estrategias y agendas relacionadas directamente con el ejercicio de la política pública y de los poderes del Estado dentro de un determinado ámbito territorial, a fin de cumplir con las necesidades de la ciudadanía, mientras que la política exterior se entiende como el conjunto de decisiones públicas y un campo de fuerzas en relación con los demás actores del sistema internacional y en función de la preservación y promoción de determinados intereses nacionales.

Es un interés prioritario de la política exterior de Chile, promover la integración. La globalización presenta oportunidades y desafíos a América Latina, tanto en su naturaleza como en su alcance. Creemos que para potenciar los beneficios de este proceso, América Latina debe incrementar la cooperación, asociación y complementariedad entre las naciones, pues ello favorece nuestro desarrollo individual y como región.

Por ello, la integración de Chile a la región latinoamericana se ha constituido en uno de los elementos más importantes de nuestra política exterior, lo cual se refleja en el significativo número de proyectos que, en diferentes áreas, se orientan a acercarnos a los países de la región bajo un marco de mutuo respeto y entendimiento.

En términos de énfasis, la atención se concentra en el desarrollo de la infraestructura regional, el fortalecimiento de la conectividad, la coordinación de políticas sociales, la reducción de la pobreza, la integración energética, el diálogo político y el libre comercio, objetivos que dan un sentido real a la idea de integración.

En este contexto, la conducta diplomática de Bolivia respecto del río Silala, resulta claramente parte de una estrategia comunicacional de provocación, que bien puede tratar de desviar la atención respecto de la actual demanda marítima en La Haya, pero que opera como un componente de política interna para minimizar los recientes eventos políticos que afectan a su gobernante.

¿El “río Silala” será acaso otra cortina de humo a la que nos tienen acostumbrados los actuales gobernantes altiplánicos?

Cabe señalar que el río Silala es un curso de agua internacional sucesivo que nace en Bolivia (país aguas arriba) y cruza la frontera hacia Chile (país aguas abajo) y por efecto de la gravedad sus aguas fluyen hacia nuestro país. Pertenece a la hoya hidrográfica del Río Loa y por ende a la cuenca hidrográfica del Pacífico. En nuestro país se ubica al interior de la comuna de Calama en la II región.

Hasta 1997, Bolivia reconocía al Silala como un río internacional y pese a que se llegó a un principio de acuerdo por el uso de estas aguas en 2009, éste no fue firmado por Bolivia y desde entonces se ha negado sistemáticamente a dialogar y a cooperar hacia una gestión conjunta de las aguas compartidas.

 

¿La guerra del Pacífico no ha terminado?

Algunas reflexiones geopolíticas acerca de los recientes esfuerzos comunicacionales del gobierno de Evo Morales en Bolivia, por tratar de desviar la atención de la demanda marítima en La Corte Internacional de La Haya.

Cuando se revisan las declaraciones de las altas autoridades políticas y diplomáticas bolivianas, queda la impresión que al parecer se han quedado mentalmente en 1879.  La visión geopolítica que han impuesto a los ciudadanos bolivianos es la idea que la guerra del Pacifico fue una guerra iniciada y declarada por Chile, olvidando que antes que esa guerra ocurra, fue descubierto el tratado militar secreto firmado entre Perú y Bolivia en contra de Chile.

Bolivia declaró la guerra a Chile el 1 de marzo de 1879 y Chile declaró la guerra al Perú y a Bolivia el 5 de abril de 1879.

Para los gobernantes bolivianos actuales, parece ser evidente que la guerra del Pacífico no ha terminado y, por lo tanto, se trata de desplegar una serie sucesiva de campañas comunicacionales agresivas, de provocación verbal, de declaraciones altisonantes, sobre la base de la victimización nacionalista y del fantasma del chileno agresor, prepotente e invasor.

Esto explica porqué las relaciones entre Bolivia y Chile parecen ir por dos carriles paralelos que no se encuentran: por un lado, la vida cotidiana de relaciones humanas y familiares, económicas y sociales entre chilenos y bolivianos en los territorios del norte de Chile, de convivencia y de entendimiento real; y por otro lado, el ruido mediático del discurso de las cancillerías y los gobernantes, los gestos diplomáticos bajo los focos de la televisión.

Nadie parece recordar que las dos veces que Bolivia ha roto relaciones diplomáticas con Chile, ha sido por decisión de  dos de sus propios gobernantes.  En 1964 el presidente Victor Paz Estensoro cortó relaciones diplomáticas con Chile, y en 1978, tras una fracasada gestión para eventualmente otorgar un pasadizo terrestre a Bolivia por el norte de Arica, el dictador boliviano Hugo Banzer volvió a romper las relaciones diplomáticas con Chile.

Nadie parece recordar que en 2002, el Presidente boliviano Jorge Quiroga propuso construir un gasoducto por el puerto chileno de Mejillones para exportar gas boliviano a los mercados de América del Norte y Asia y fueron los propios bolivianos los que rechazaron tal proyecto, prefiriendo conectar con el puerto peruano de Ilo.

Estamos en el siglo XXI, la era de la globalización, la época en que las viejas fronteras nacionales, los viejos nacionalismos militaristas y belicistas, las antiguas soberanías, parecen haberse diluido en la lógica líquida de los intercambios y de las redes globales.

Estamos en el siglo XXI, la época en que la tierra es plana, donde las fronteras se vuelven cada vez más permeables, mientras algunos gobernantes siguen adheridos a los anticuados discursos ultranacionalistas del siglo XIX para justificar sus liderazgos.

Esos líderes necesitan siempre un enemigo, y aprovechan al vecino de al lado para inventarse un adversario a quién insultar y provocar.

La equivocada estrategia de Bolivia – Boris Yopo – El Mostrador

La estrategia seguida por el gobierno boliviano en estos últimos años para avanzar en su aspiración marítima, está produciendo (aunque son casos jurídicos e históricos muy distintos) un resultado muy similar al que tuvo la Guerra de las Malvinas para la Argentina: en vez de contribuir a generar un escenario que acerque posiciones y haga factible avanzar en soluciones imaginativas hacia el futuro, está en cambio generando un clima político al interior de la contraparte (Chile) que cierra toda opción de cualquier avance, probablemente por muchas décadas.

En el caso de Argentina, esto fue como resultado de una guerra sin destino iniciada por la dictadura militar de ese país. En el caso nuestro, producto de una escalada de acciones, declaraciones, y ahora posiblemente de una segunda demanda, que solo cierran cualquier posibilidad de un diálogo fecundo en los próximos años. Y es que ningún gobierno, no importa su signo político, va a aceptar hacer concesiones en una materia tan sensible de política exterior, cuando la opinión pública está de manera abrumadora por no hacer ninguna concesión en un tema que afecta directamente la soberanía del país. Ahora, esta predisposición existente en Chile ha sido resultado directo de la política que ha llevado adelante el actual gobierno boliviano.

Hasta antes de entablar la demanda, diversas encuestas reconocidas en nuestro país indicaban, por ejemplo, que cerca de un 40% de la población estaba dispuesta a facilitar alguna salida directa al mar a Bolivia (sumando a los que señalaban con, y sin soberanía, pero salida directa al fin). Asimismo, importantes líderes de opinión se manifestaron en igual sentido ese período (2008-2010) . Todo esto cambió radicalmente, sin embargo, con la demanda y otras acciones emprendidas por Bolivia desde ese momento.

Resulta una paradoja, entonces, que hoy la aspiración boliviana se encuentre infinitamente más lejos de realizarse que hace unos años, y en esto, o las actuales autoridades bolivianas no supieron leer o relevar la importancia de los “climas de opinión pública” en decisiones de política exterior, o es que simplemente (como suele suceder en muchos casos) las relaciones con Chile han pasado a ser una “variable de ajuste” de la política doméstica, con prescindencia de los alcances que ello tendrá en un tema que las mismas autoridades de ese país califican como la principal reivindicación nacional. La tercera posibilidad, de que la comunidad internacional pudiese “obligar” a nuestro país en algún momento a hacer concesiones en esta materia, carece de todo sustento y realismo.

Toda política exterior “parte en casa”. Mientras no exista una predisposición distinta en Chile, nada cambiará el “statu quo” existente y, en esto, las actuales (y anteriores) autoridades bolivianas tienen una cuota importante de responsabilidad que asumir.

Chile no solo tiene antecedentes jurídicos sólidos que sustentan nuestra posición, sino que además muchos países vecinos y amigos entienden perfectamente las graves implicancias que para la estabilidad regional y global tendría entrar en un proceso global de revisión de las fronteras actualmente existentes, sustentadas en tratados válidos y vigentes.

Ahora, la causa boliviana sí despierta simpatía en algunos países, pero tampoco es un tema que esté en la centralidad de la agenda de estos u otros Estados, y por tanto, es contraproducente sobrerreaccionar o adoptar decisiones apresuradas respecto a cualquier nuevo paso que dé este país. Tampoco hacer uso con fines de “política interna” de este tema, pues ello debilita la necesaria imagen de unidad nacional hacia el exterior. Lo que sí hay que seguir haciendo, es la labor de “pedagogía diplomática” para explicar nuestra política, establecer los hechos como realmente son, y reafirmar nuestro compromiso y vocación latinoamericana (porque además, la neutralidad del vecindario es vital para nuestros intereses).

Por último, mantener una disposición abierta a un futuro diálogo con Bolivia, pero ello no será viable mientras las autoridades bolivianas persistan en hacer de nuestro país la “variable de ajuste” de sus problemas domésticos (con el consecuente impacto que eso genera en Chile). En tal sentido, los líderes de este país debiesen tomar nota de cómo cambió la política norteamericana hacia Cuba: aunque fue el gobierno de Obama, lo que precedió a este cambio fue un giro en la comunidad de origen cubano, en la opinión pública, y en líderes políticos y empresariales respecto a la política hasta entonces seguida.

Toda política exterior “parte en casa”. Mientras no exista una predisposición distinta en Chile, nada cambiará el “statu quo” existente y, en esto, las actuales (y anteriores) autoridades bolivianas tienen una cuota importante de responsabilidad que asumir.

Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/03/31/la-equivocada-estrategia-de-bolivia/

Comisión Argentina sobre Plataforma Continental en el Atlántico Sur logra aprobación de Naciones Unidas

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El 21 de abril de 2009 la República Argentina presentó el límite exterior de la plataforma continental argentina ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC), órgano técnico creado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), con sede en Naciones Unidas (Nueva York).

En agosto de 2012, durante el 30° Período de Sesiones de la CLPC, se formó la Subcomisión para la República Argentina, comenzando así el proceso de análisis del límite exterior de la plataforma continental presentado en el año 2009.

La Argentina ha realizado un profundo y acabado trabajo científico y técnico que le permitió fijar el límite exterior de su plataforma continental. Este trabajo brinda certeza sobre la extensión geográfica de nuestros derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo en más de 1.782.000 km2 de plataforma continental argentina más allá de las 200 millas marinas, que se suman a los aproximadamente 4.799.000 km2 comprendidos entre las líneas de base y las 200 millas marinas, como puede observarse en el mapa  (Esquemas Ilustrativos).

El límite exterior de la plataforma continental de todo el territorio argentino: continental, islas del Atlántico Sur y Sector Antártico Argentino está formado por 6.336 puntos de coordenadas geográficas en WGS84.

El límite presentado cumple con las disposiciones de la CONVEMAR y de las Directrices Científicas y Técnicas de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC), y en su elaboración se procuró la utilización de todos los recursos disponibles para que el trazado de ese límite sea el más beneficioso para el país de acuerdo con los criterios y restricciones previstos.

Este es un ejemplo de una política de Estado en donde se ha trabajado con identidad de objetivos, profesionalismo y seriedad durante casi 20 años con el objetivo de reafirmar nuestra presencia, preservar nuestros recursos y reafirmar nuestros derechos soberanos en una zona política, económica y estratégicamente tan importante como el Atlántico Sur.

La Subcomisión de la CLPC encargada de considerar la presentación argentina se conformó en agosto de 2012. Durante la etapa de de la presentación argentina se mantuvieron nueve rondas de sesiones de trabajo: agosto de 2012, febrero/marzo de 2013, julio/agosto de 2013, octubre/ noviembre de 2013, enero/febrero de 2014, agosto de 2014, noviembre de 2014, febrero de 2015 y agosto de 2015. Durante la sesión de agosto de 2015, la Subcomisión finalizó el análisis de la Presentación argentina, dando comienzo a la etapa de consideración por parte del Plenario de la CLPC. El 27 de agosto la Argentina realizó, de conformidad con el Reglamento de la CLPC, su presentación oral frente al Plenario.

Finalmente, el 11 de marzo de 2016 la CLPC adoptó por consenso (es decir sin votos en contra) las Recomendaciones sobre la presentación argentina.

LA PRESENTACIÓN ARGENTINA.

La Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) está encargada de examinar los datos y toda la información presentada por los Estados ribereños sobre el límite exterior de la plataforma continental. Una vez concluido el análisis, la Comisión deberá emitir recomendaciones relacionadas con la adecuación del límite presentado a los criterios y restricciones establecidos en la CONVEMAR.

Posteriormente el Estado ribereño determinará el límite exterior de su plataforma continental que, si cumple con las recomendaciones de la CLPC, será definitivo y obligatorio.

La presentación del límite exterior de la plataforma continental  argentina fue entregada a la CLPC el 21 de abril de 2009.

Esta presentación consta de un Cuerpo Principal estructurado en seis capítulos desarrollados en 13 tomos, que contienen la fundamentación científica del límite exterior de la plataforma continental argentina. En otros 13 tomos y en 30 DVDs y 84.6 GB se encuentran recopilados los datos científicos y técnicos justificativos. Finalmente, la bibliografía de mayor relevancia se anexa en otros 24 tomos. Se trata de una presentación de considerables dimensiones, efectuada en español y además traducida por nuestro país al inglés a fin de facilitar y no demorar su evaluación por parte de la CLPC, ya que ese es el idioma de trabajo de la Comisión.

Los puntos más relevantes fueron expuestos oralmente por una delegación de COPLA y funcionarios de la Cancillería ante la CLPC el 26 de agosto de 2009. La exposición oral se realizó en cumplimiento a lo establecido en el reglamento de la CLPC.

El Resumen Ejecutivo de la presentación es de acceso público y se encuentra en el sitio web de la Naciones Unidas:

http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/arg25_09/arg2009e_summary_esp.pdf

La CLPC realiza el análisis de las Presentaciones mediante Subcomisiones integradas por siete miembros, designados de forma equilibrada teniendo en cuenta los elementos específicos de cada Presentación.

La Subcomisión encargada de considerar la presentación argentina se conformó en agosto de 2012, durante el 30° Período de Sesiones de la CLPC y, por lo tanto, el 8 de agosto de 2012 la Argentina hizo una segunda exposición ante el mismo órgano, visto que dicha Subcomisión comenzaría a analizar el límite exterior de la plataforma continental argentina. En esa oportunidad, la Argentina también expuso ante la CLPC los fundamentos científicos que utilizó para la demarcación del límite exterior de su plataforma continental, con el objeto de brindar la posibilidad de familiarizarse con los datos científicos presentados en abril de 2009.

Durante la etapa de análisis de la presentación argentina se mantuvieron nueve rondas de sesiones de trabajo: agosto de 2012, febrero/marzo de 2013, julio/agosto de 2013, octubre/ noviembre de 2013, enero/febrero de 2014, agosto de 2014, noviembre de 2014, febrero de 2015 y agosto de 2015. Durante la sesión de agosto de 2015, la Subcomisión finalizó el análisis de la Presentación argentina, dando comienzo a la etapa de consideración por parte del Plenario de la CLPC. El 27 de agosto la Argentina realizó, de conformidad con el Reglamento de la CLPC, su presentación oral frente al Plenario.

Finalmente, el 11 de marzo de 2016 la CLPC adoptó por consenso (es decir sin votos en contra) las Recomendaciones sobre la presentación argentina.

Lea y descargue aquí el texto de la presentación argentina en Naciones Unidas.

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Thales signs historic contract to secure Bolivian Airspace

KEY POINTS

  • Thales will modernise civil/military airspace across Bolivia.
  • The €185m contract includes 4 air defence radars, 3 primary/approach and 6 secondary civil radars, and a purpose built complex housing military and civil ATM.
  • This is the third such contract signed across 2014/15. Thales is the leading player in the world with a solid civil/military interoperability track-record.

At a ceremony held today at the Elysee Palace in Paris, in the presence of Bolivian President Evo Morales and French President Francois Hollande, Thales signed a historic contract with the Bolivian Ministry of Defence, for integrated air defence and civil air traffic management (ATM), in Bolivia.

Under this historic contract, launched by the Bolivian government, Thales will deploy its civil and air defence radars and automation systems to modernise and integrate Bolivia’s air defence and civil ATM operations.

The contract amount is estimated at €185m. Thales will supply a total of thirteen radars across twelve sites, including four air defence radars, one Star2000 primary surveillance radar, two TRAC approach radars and six RSM970 secondary radars. The radars will form the backbone of the surveillance infrastructure and will be integrated into a new purpose built air traffic control centre complex.

“It is an honour for us to become a partner to Bolivia, as part of their historic airspace modernisation programme. Leveraging technologies between civil and military domains is part of Thales’s DNA. The Thales Group is delighted to have been chosen by Bolivia to work with them to enhance the safety and security of their nation’s critical infrastructure.”

Patrice Caine, Chairman and CEO, Thales Group

The centre will house the TopSky-ATC, the most advanced ATM system in the world, to deliver advanced air traffic management operations, and the state-of-the-art SkyView air C4I system, to deliver a single integrated air picture and common situation awareness for defence air operations. The 2,500 square meter complex will be built over the coming months and is due for completion in 2017 when the new system will become operational.

The building will also house a Center of Excellence, designed to ensure significant transfer of competencies of both operational and technical knowhow.

Thales will also integrate and manage all communications systems necessary for the operations as well as the communication backbone to twelve radar sites distributed all over the country.

Thales is the leading ATM provider in the world with a track-record in large scale civil/military ATM systems. This represents the third such contract, Thales has been involved in across 2014 and 2015. It joins the £1.5bn Marshall Programme to modernise operations across UK military airfields and the OneSky Programme where Thales has been selected as a contractor to integrate military/civil operations in Australia.

– See more at: https://www.thalesgroup.com/en/worldwide/aerospace/press-release/thales-signs-historic-contract-secure-bolivian-airspace#sthash.5PQJaKE1.dpuf