Gas natural y geopolítica de la energía en el cono sur de América Latina

Este ensayo presenta un análisis de las principales tendencias geopolíticas en materia energética para América del Sur, a la luz de la información de prensa y especializada disponible. Resulta evidente que la energía, como fuente fundamental de los procesos económicos, se ha venido convirtiendo gradualmente en el continente, en un arma geopolítica y no solamente en un recurso estratégico.

Precisamente porque el gas natural y el petróleo son hoy sin lugar a dudas instrumentos geopolíticos de vital importancia estratégica para el desarrollo de las naciones sudamericanas, en manos de sus Estados y porque las lógicas de mercado resultan insuficientes para garantizar el abastecimiento y la seguridad energética a estas naciones, resulta incomprensible que algunas políticas energéticas -como la que observamos hoy en Chile- avanzan a contrapelo de la tendencia regional, intentando jibarizar a su Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, privatizando subrepticiamente algunas de sus funciones de exploración y explotación y en definitiva entregando a los intereses extranjeros, recursos que serán cruciales para intentar el salto al desarrollo que el país requiere.

Manuel Luis Rodríguez U., Cientista Político.

Punta Arenas – Magallanes, invierno de 2006.

Un nuevo panorama geopolítico de la energía en América del Sur

Desde la década de los años ochenta América Latina ha experimentado la notoria influencia ideológica y política de los centros de pensamiento neoliberales que promovieron en materia de políticas energéticas para la región, los dogmas de la privatización del sector energético: Sin embargo, desde los recientes años iniciales del siglo XXI puede observarse un giro en la orientación geopolítica del tema energético en la región sudamericana, lo que ha resultado en un reposicionamiento relativo del Estado como actor importante en el negocio energético.

Señales indicativas de esta nueva tendencia son la decisión boliviana de nacionalizar sus hidrocarburos, la creación de una nueva empresa estatal de energía o el plebiscito realizado en Uruguay que no permitiría la participación privada en la empresa estatal de petróleo. En general, puede afirmarse que la región sudamericana en general parece venir de regreso de la tendencia neo-liberal en materia energética que se vivió en la década de los noventa del siglo XX.

A pesar de que las crisis económicas de los primeros años de este nuevo siglo abatieron la tendencia al crecimiento constante del consumo de energía, los países del Mercosur no pudieron evitar que les faltara suministro energético. En diferentes momentos y de diferentes maneras, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay se vieron enfrentados a problemas serios de abastecimiento y debieron recurrir a distintas medidas para reducir el consumo o diversificar las fuentes de suministro.

En particular, la crisis de producción de gas natural, que se suscitó en Argentina en el otoño de 2004 y que arrastró a Chile y Uruguay, puso en evidencia las debilidades de la integración energética regional. Argentina tenía contratos de provisión de gas natural a Chile y de electricidad a Uruguay (contratos que son en esencia de productores privados a suministradores privados), los que no pudo cumplir debido a problemas internos de mercado y de falta de inversión. Ambos compradores perjudicados salieron de la crisis con la clara convicción de que Argentina no es un socio confiable.

En el caso uruguayo se comenzó a especular con importar electricidad desde Paraguay, además de aumentar el parque térmico propio. En Chile, tardíamente se ha vuelto a pensar en fuentes propias como la geotermia e incluso la eventualidad de llegar a la energía nuclear, y aún se expresa perplejidad ante la negativa de Bolivia de abastecerlo de gas natural debido al histórico y más que centenario conflicto entre los dos países, relativo a la salida boliviana al mar. Pero en definitiva, el objeto mínimo de todo Estado moderno, que es el de lograr el máximo de autonomía energética relativa posible, queda cuestionado por la fuerza de los intereses económicos que predominan en este crucial negocio.

Brasil, por su parte, siendo el mayor consumidor energético del Mercosur, ha echado mano a todo lo que pudo. Brasil ha optado por un conjunto de soluciones tales como construir grandes centrales hidroeléctricas y el propio gobierno intenta eximir a estas obras de estudios de impacto ambiental, para que así puedan construirse y en el plazo más breve. Brasil también apuesta a la importación de gas natural desde Bolivia y Venezuela, a la explotación de las reservas propias de petróleo y gas existentes bajo el mar territorial, a fuentes renovables como la energía eólica y especialmente las biomasas. También, y con una dedicación destacable en la región, se impulsan el ahorro y la eficiencia energética. Brasil acaba de anunciar en forma contundente que ha alcanzado la autosuficiencia en materia petrolera.

En general todos los países, apuestan de una u otra manera a que el gas natural llegue desde alguna de las reservas más importantes existentes (Perú, Bolivia o Venezuela) a precios baratos y en abundancia. Esto ha generado en América del Sur una proliferación de planes de gasoductos pero en su conjunto, la tendencia a la integración energética, tiene que confrontarse con la búsqueda de la mayor autonomía energética relativa posible.

 La lógica de mercado en el tema energético

La región de América Latina se embarcó durante la década del noventa del siglo XX en un modelo de desarrollo energético común basado en la integración regional, la extensión del uso del gas natural y el ingreso de compañías privadas en todas las áreas del negocio energético. Este fenómeno no fue casual, sino que respondió a las nuevas condiciones establecidas por la banca multilateral de desarrollo para financiar las necesidades del sector. La banca multilateral de desarrollo era la encargada de suministrar los fondos para los grandes macro-proyectos del sector energético.

Pero dos factores ajenos parecen haber influido para operar un cambio de timón en su orientación. Una de ellas fue la corrupción instalada en muchos gobiernos de la región, que hizo ineficientes y excesivamente costosos todos los proyectos energéticos. Un ejemplo paradigmático de esto fue la represa Yaciretá, complejo hidroeléctrico binacional argentino-paraguayo cuyo costo estaba previsto en menos de dos mil millones de dólares y terminó costando más de diez mil millones. Pero por otro lado, la banca asumió la lógica de que las necesidades energéticas de la región eran crecientes y que las grandes empresas de la energía encontrarían excelentes oportunidades de ganancia, lo que las llevaría a invertir en esos países.

La lógica de los bancos fue cortar el estilo de financiamiento impulsado hasta entonces y que tenía a las monopólicas empresas estatales de la energía como destinatarias de sus proyectos y promover una reforma del sector que fuera atractiva para las grandes empresas de la energía, es decir, se trataba de influir financieramente para privatizar el negocio energético.


Por ejemplo, en 1992 el Banco Mundial lanzó su nueva estrategia energética en un documento llamado “El rol del Banco Mundial en el sector electricidad”. Allí se sentaron las bases del nuevo orden para la energía mundial: fomento de la inversión privada, orientación comercial de las empresas estatales, nuevos marcos regulatorios e integración regional. El Banco Mundial, además, advertía expresamente que no otorgaría préstamos a los países que no se ajustaran a su nueva política. Aquí encontramos unos de los orígenes de la dificultad argentina para abastecer de gas natural a Chile.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por su parte, siguió los mismos lineamientos, aunque su documento de estrategia recién se publicó en 2000. Sus metas fundamentales se definieron como: la consolidación de las reformas estructurales y reguladoras, la integración de los mercados energéticos de la región, acceso de toda la población a las fuentes de energía modernas y preservación del medio ambiente.

El desafío era –y aún es- grande para los países de América Latina. Los gobiernos de todo el mundo invierten sus fondos en organismos como el Banco Mundial y el BID. Los intereses que reciben por sus depósitos son menores que los que recibirían en cualquier otro banco comercial, pero el riesgo es menor. Esto, a su vez, le permite a estos bancos otorgar préstamos a los países pobres con menores intereses que los bancos comunes y por eso se denominan “bancos de desarrollo”. Pero el Banco Mundial y el BID decidieron no seguir sustentando las inversiones energéticas en América Latina, por lo que los países de la región debieron atraer fondos privados para financiar las obras en el sector.

El centro de las preocupaciones de los gobiernos sudamericanos dejó de ser entonces el aumento de viviendas con servicio eléctrico o la autosuficiencia energética y pasó a concentrarse en la atracción de la inversión privada. Cada uno de los países procura ofrecer las mejores condiciones para captar esos fondos que le permitan construir centrales eléctricas, buscar petróleo o explotar gas natural. ¿Ese es acaso el principio que guía en el negocio gasífero a la Empresa Nacional del Petróleo?
tentativas de integración energética
El primer esfuerzo importante en esta materia es la IIRSA. La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) es un foro de diálogo entre las autoridades responsables de la infraestructura de transporte, energía y telecomunica-ciones en los doce países sudamericanos. Como marco orientador para el trabajo, el Comité de Dirección Ejecutiva (CDE) de IIRSA definió un conjunto de siete Principios Orientadores para la formulación de la Visión Estratégica: regionalismo abierto; ejes de integración y desarrollo; sostenibilidad económica, social, ambiental y político-institucional; aumento del valor agregado de la producción; tecnologías de la información; convergencia normativa; y coordinación público-privada.

En noviembre de 2004, el Comité de Dirección Ejecutiva del IIRSA aprobó una “Agenda de Implementación Consensuada 2005-2010” que contiene treinta y un proyectos de integración acordados por los países sudamericanos. La mayoría están relacionados con la construcción o mejoramiento de carreteras y puentes.

Se incluyeron procesos sectoriales (transporte, comunicaciones, etc.), donde en el caso de energía se sostiene que su objetivo principal “es promover acciones tendientes a crear las condiciones necesarias para que se desarrollen eficientes interconexiones energéticas regionales, bajo un marco regulatorio que promueva la competencia y el libre comercio”. El proceso está orientado a suscribir una “agenda de consensos entre los gobiernos que permita la optimización de las interconexiones existentes y la integración energética regional”. El IIRSA identifica varios “ejes” que se corresponden con corredores comerciales de alta movilidad que generalmente conectan los diferentes centros productivos con los puertos de la región. El eje del IIRSA que se corresponde con la integración energética del Mercosur es el eje “Mercosur-Chile”.

Este eje abarca todo el Uruguay, el centro de Chile, el centro y noreste de Argentina, el sur de Brasil y el sudeste del Paraguay. Como puede apreciarse, es un área que comprende regiones económicamente muy significativas como San Pablo, la Región Metropolitana de Chile y Buenos Aires. El producto interno bruto de este eje en su conjunto se estima en quinientos mil millones de dólares, contiene a la mitad de la población y genera cerca de setenta por ciento de la actividad económica de América del Sur.

Pero este tipo de iniciativas incrementa la deuda externa pública de los países de la región en megaproyectos de infraestructura (las organizaciones sociales ya están llamando al IIRSA “giga-proyecto”) que van a servir a los intereses de las grandes compañías constructoras pero que no tienen un vínculo claro con el objetivo de la reducción de la pobreza y la mejora de la calidad de vida de la población. Se asume que la conectividad entre las regiones centrales y metropolitanas con los puertos marítimos de los países involucrados, va a resultar de por sí en un desarrollo humano sustentable, pero si los Estados implicados tienen legislaciones ambientales febles, como es el caso de Chile, entonces no hay garantías ambientales realmente sustentables. Se asume también que sacar más fácilmente la producción primaria (soja, productos forestales, mineros, etc.) supone una mejora para los países. En general puede observarse que es poca la ganancia nacional de estos productos, es pobre la cantidad y calidad de los empleos y son capitales extranjeros los que explotan cada vez mayores extensiones de tierra o explotaciones mineras.

Los arquitectos del IIRSA plantean que la industria, los gobiernos, los ecosistemas, y la gente se beneficiarán equitativamente del desarrollo de la infraestructura regional. Este planteamiento está basado en el supuesto de que el “regionalismo abierto” -una combinación de liberalización de comercio, la inserción en el mercado global y la infraestructura masiva- conducirá automáticamente al desarrollo sostenible. No obstante, hasta el ex presidente del BID Enrique Iglesias admite que la fuerza detrás del financiamiento para los nuevos grandes proyectos de infraestructura es “el exceso de liquidez” y no como plantea IIRSA el sueño bolivariano de integración regional. La solución fácil al problema de “demasiada plata con nada que comprar” está en financiar grandes proyectos de infraestructura. Así que mientras el discurso IIRSA es integracionista, su lógica es mayormente financiera.

En este sentido, en el marco de la Comunidad Sudamericana de Naciones se firmó el Acuerdo de Complementación Energética Regional, con un texto muy general donde el motor de la integración sigue siendo facilitar la infraestructura para lograr el mayor suministro de energía al precio más bajo, aumentando la deuda externa de los países y sin llegar a los sectores que hoy no tienen -o tienen muy escaso- acceso a la energía.

la integración energética en el sur

Los Proyectos Energéticos del Eje Mercosur–Chile en el Marco del IIRSA son los siguientes: Sistema Itaipu; Hidroelétrica Corpus Christi; Hidroeléctrica Garabí; Yaciretá a cota 83; Gasoducto Aldea Brasilera–Uruguayana–Porto Alegre; Línea Transmisión Itaipú–Londrina–Araraquara; Línea Transmisión Yaciretá–Ayolas–Carabao; Línea Transmisión Yaciretá–Buenos Aires; Central Térmica de ciclo combinado de San José (Uruguay); Hidroeléctrica de Iguazú; Gasoducto Noreste Argentino (único incluido en la Agenda 2005–2010) Estos y otros proyectos no sólo son financiados por la banca multilateral de desarrollo, sino que están tomando más relevancia las empresas regionales latinoamericanas, con los casos más claros de las petroleras estatales de Venezuela y Brasil -PDVSA y Petrobras, respectivamente-, junto a los bancos nacionales de desarrollo, el venezolano BANDES y el brasileño BNDES.

La información sobre el total de los proyectos financiados o en estudio de estos bancos está todavía dispersa. Pero a modo de ejemplo, BNDES está participando en un proyecto hidroeléctrico en la Republica Dominicana, una represa en Venezuela (La Vueltosa), otra en Ecuador (San Francisco), financió turbinas en el proyecto Tres Gargantas en China y aportó mil millones de dólares para la represa de Capanda en Angola. Además, tiene en proyecto una represa en Vietnam y también se interesa en el gasoducto sudamericano y otros proyectos dentro del IIRSA. BANDES, en tanto, también ha prometido inversiones en varios países de la región como Bolivia, Argentina y Uruguay.

Paralelamente, los acuerdos binacionales de integración eléctrica entre los países del Mercosur son muy importantes. Muchos convenios tienen una larga historia, como el Acuerdo de Interconexión Energética firmado entre Argentina y Uruguay, que entró en vigor en 1974, o el Convenio de Interconexión Energética entre Uruguay y Brasil de 1968. Entre Brasil y Argentina, el primer Memorandum de Entendimiento sobre Desarrollo de Intercambios Eléctricos y Futura Integración Eléctrica data de 1997.

Pero como acuerdo regional, además de los documentos generales como el Tratado de Asunción (1991) y Protocolo de Ouro Preto (1994), el documento básico para iniciar el proceso de integración eléctrica en el Mercosur lo constituyó el Memorando 10/98. En él los países se comprometen a:

• Abrir la competencia en el mercado de generación.
• Declarar sujetas a reglas de libre comercio las transacciones que realicen los agentes de mercado reconocidos de los distintos países.
• Como parte de esas reglas, asegurar la reciprocidad y no discriminación de la demanda u oferta que provenga de otro país firmante del acuerdo.
• Prever la libertad para el tránsito, transporte y distribución de la energía de/para terceros países.
• Prever la institucionalidad para: la coordinación de los despachos, la prospectiva de la red de transmisión regional y la resolución de las controversias entre agentes o Estados.
• Perfeccionar las herramientas para la defensa de la competencia en el marco de la nueva economía.
• Asegurar el acceso a la información relevante para el funcionamiento del mercado.
En la actualidad, las interconexiones eléctricas existentes son las siguientes: • Argentina y Brasil (Rincón de Santa María-Garabí).
• Argentina y Uruguay, con la represa de Salto Grande (Central Hidroeléctrica, 1900 MW), y la conexión San Javier–Colonia Elía; • Uruguay y Brasil en Rivera–Livramento.

La integración gasífera

A esto se ha sumado más recientemente la integración gasífera. El documento de base en el Mercosur es el Memorando 10/99 aprobado en diciembre de 1999 en el Consejo del Mercado Común. Allí los países miembros del bloque acordaron las siguientes acciones: * Fomentar la competitividad del mercado de producción de gas natural, sin la imposición de políticas que puedan alterar las condiciones normales de competencia.

* Asegurar que los precios y tarifas de los servicios asociados a la compra y venta de gas natural, tales como transporte, distribución y almacenaje, respondan en sus respectivos mercados a costos económicos, sin subsidios directos o indirectos que puedan afectar la competitividad de los bienes exportables y el libre comercio de los Estados Partes.
* Asegurar que los precios y tarifas incluyan todos los costos, particularmente los ambientales y sociales, de forma tal que tiendan a maximizar un desarrollo sustentable.
* Permitir a los distribuidores, comercializadores y grandes demandantes de gas natural contratar libremente sus fuentes de provisión en el ámbito del Mercosur, de conformidad con la legislación vigente en cada Estado Parte y con los tratados vigentes entre los Estados Partes.
* Respetar el acceso a la capacidad remanente de las instalaciones de transporte y distribución, incluyendo también el acceso a las interconexiones internacionales.
* Poner en práctica mecanismos de acceso a la información relevante de los sistemas gasíferos, de los mercados y sus transacciones en materia de gas natural.
Los programas de integración gasífera se presentan recientemente como proyectos de futuros gasoductos, y hay varios de ellos en consideración.

anillo energético del cono sur

En octubre de 2005 los Ministros de Energía de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile (durante el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos), Paraguay, Perú y Uruguay acordaron trabajar el proyecto Gasoducto del Sur, que insumiría dos mil quinientos millones de dólares y un acuerdo de integración energética regional. Actualmente ya están conectados para la circulación de gas natural Bolivia con Brasil y Argentina, así como Argentina con Uruguay y Chile, faltando sumar al circuito a Perú y Paraguay. El proyecto consistía en construir un ducto de mil doscientos kilómetros desde el puerto peruano de Pisco -conectado al yacimiento de gas en Camisea- hasta la ciudad de Tocopilla en Chile, donde se conectaría con la red existente en el Cono Sur.

Pero las reservas peruanas de Camisea y Pagoreni se estiman en el orden de los once millones de pies cúbicos. En los próximos veinte años se espera que su propio mercado interno consuma cuatro millones y otros cinco millones sean exportados a México. De manera que poco llegaría a los países del Cono Sur, salvo que nuevas exploraciones aumentaran el volumen de reservas hoy conocido. Sin embargo, la construcción del tramo Pisco–Tocopilla podría asegurar la entrada de gas natural a Chile, liberando el gas boliviano con destino a los demás países.
Gasoducto Venezuela–Sao Pablo–Buenos Aires
Durante la cumbre del Mercosur desarrollada en Montevideo el 9 de diciembre de 2005, los ministros de Energía de Brasil, Argentina y Venezuela decidieron darle mayor vuelo al “anillo energético” y acordaron un nuevo memorando de entendimiento sobre interconexión gasífera. La nueva idea resultaba en un ambicioso gasoducto que llevaría gas natural desde Venezuela –cuyas reservas son las más importantes de América del Sur- hacia los países del sur, particularmente las áreas metropolitanas de Buenos Aires y San Pablo. Poco más de un mes después, el 12 de enero de 2006, se realizaba en Caracas la primera reunión del Comité Multilateral de Trabajo previsto en el memorando mencionado.

En esa reunión se estimó que el costo del proyecto estaría entre siete mil millones y veinticinco mil millones de dólares y se organizaron seis grupos de trabajo para dar seguimiento al tema: mercado, recursos y comercialización; diseño de tarifa; planeamiento de ingeniería, aspectos tecnológicos, investigación y desarrollo; financiamiento y modelo de negocios; autorizaciones gubernamentales, medio ambiente y aspectos sociales; aspectos regulatorios, legales, fiscales e institucionales.

El gasoducto, que sería administrado por una empresa formada por la estatal argentina Enarsa, la brasileña Petrobras y la venezolana PDVSA, partiría de la ciudad venezolana de Puerto Ordaz a la brasileña de Manaos, donde se dividiría en dos ramas, una hacia el noreste brasileño y otra hacia Brasilia y Río de Janeiro, desde donde seguiría hacia Uruguay y Argentina. A pesar del fuerte impulso inicial se esperaba que el proyecto de construcción de esta nueva versión del Gasoducto del Sur no comenzara antes de 2012, debido a problemas de suministro, rentabilidad e impacto ambiental.

Dudas sobre el proyecto

Para algunos analistas, un gasoducto de más de tres mil kilómetros (éste es de diez mil) deja de ser rentable ante la alternativa de transportar gas licuado en buques cisterna. Y en el Cono Sur, “los mercados del gas natural están regulados, mientras que los precios requeridos para justificar la inversión de veinticinco mil millones de dólares excederían los veinte dólares por millón de BTU, que no paga ni el mercado abierto”, según Luis Giusti, ex presidente del gigante estatal Petróleos de Venezuela (Brecha, Montevideo, 3 de marzo de 2006). Pero además, las reservas de gas natural venezolano son reservas de gas asociado, es decir que debe ser extraído junto al petróleo, lo que hace que los niveles de extracción no sean suficientemente grandes y no irían a cubrir las necesidades del proyecto. Venezuela llegó incluso a firmar un contrato con Colombia en 2002 para que este país le suministrara gas, pues no podía cubrir ni su propio consumo interno.

Desde el punto de vista de Guillermo Torres Orías, ex ministro de Hidrocarburos y ex Superintendente de Hidrocarburos de Bolivia, considera que este proyecto es imposible. ¿Porqué? Primero. Porque no existen mercados para el gas a lo largo de la ruta del gasoducto, y los mercados importantes están muy alejados, ubicados al extremo sur (San Pablo y Buenos Aires). Por lo tanto, todo el ‘excesivo’ costo de transporte tendría que ser absorbido por las ciudades del sur del Brasil y por Buenos Aires; las provincias del noreste de Argentina no son mercados importantes. Además, atravesar por un área ecológicamente sensible como es la Amazonia, considerada el pulmón del planeta, y recorrer 10.000 kilómetros con una inversión de 7.000 a 20.000 millones de dólares para 150 millones de metros cúbicos por día –5.300 millones de pies cúbicos- sería incoherente, se produciría el gas más caro del mundo por el costo de transporte. En tal caso, Brasil y Argentina tendrían que estar dispuestos a pagar un precio del gas muy por encima de lo que pagarían por importar gas natural licuado (GNL) de ultramar, ya que las instalaciones de la cadena para el abastecimiento de GNL (misma capacidad) requerirían de una inversión menor a la mitad de lo que se invertiría en el Gasoducto del Sur. La inversión en la planta de licuefacción para 150 millones de metros cúbicos por día sería de 3.000 millones de dólares. Si se estima, por ejemplo, entre treinta y cuarenta barcos metaneros para el transporte, cada uno a 150 millones de dólares, daría una inversión para el transporte entre 5.000 y 6.000 millones de dólares; a esto se agregarían las plantas de regasificación, con una inversión total de mil millones de dólares. La inversión total en la cadena de provisión de GNL estaría entre 9.000 y 10.000 millones de dólares, la mitad de la inversión requerida para la construcción del Gasoducto del Sur.

En cambio Ildo Sauer, director de gas y energía de Petrobras, argumenta que con este proyecto su país podría ahorrar once mil millones de dólares anuales en importaciones de gas, al comprar el combustible con precios equivalentes a veintiséis dólares por barril gracias a una oferta venezolana de venderle gas a precio subsidiado para garantizar su adhesión al proyecto. Sin embargo esta versión fue rápidamente desmentida por el ministro venezolano de Energía, Rafael Ramírez.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo a la prensa que no se podía pensar que, con semejante inversión, el gas de Venezuela pueda costar más barato en Brasil: “Es algo absurdo que no se puede creer”. Para los bolivianos esta idea de construir un gasoducto desde Venezuela hasta Buenos Aires es un “globo de ensayo de las transnacionales”, creado exclusivamente para presionar a Bolivia a negociar a menores precios su gas. Con la llegada de Evo Morales al poder se comenzaron a renegociar todos los contratos de exportación de gas natural y esto sería una maniobra, sobre todo impulsada por Brasil, para mejorar sus posibilidades de obtener precios más convenientes para sus crecientes importaciones de gas natural.

Como puede apreciarse la información es por ahora contradictoria y no parece haber un proyecto viable y creíble.

Gasoducto “UruParaBol”

La última novedad en materia de proyectos energéticos la han aportado recientemente los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Uruguay, Tabaré Vázquez, cuando acordaron a principios de abril de 2006 iniciar estudios para la construcción de un gasoducto entre ambos países e invitaron a Paraguay a sumarse al proyecto. De esta manera se intentaba retomar el memorandum de entendimiento original establecido en 2004 sobre el “anillo energético”. Como los dos países no tienen una frontera común, el gas debería pasar por territorio argentino, con lo cual lo más probable es que se amplíen los volúmenes de exportación de gas a Argentina y desde allí se pase a abastecer a Uruguay y Paraguay. Sin embargo, esto también dependerá de cómo evolucione el conflicto pendiente entre Argentina y Uruguay por la instalación de las plantas de celulosa sobre el río Uruguay.

Bolivia posee reservas por 48,7 billones de pies cúbicos de gas natural, la mayor parte en campos ubicados en el sudeste de su territorio, fronterizo con Argentina y Paraguay. Exporta actualmente al mercado argentino 7,2 millones de metros cúbicos diarios de gas y desde hace dos años el gobierno y empresas petroleras de Argentina estudian la construcción del Gasoducto del Noreste para adquirir una mayor cantidad del energético, que ha sido incluido en la Agenda de Implementación Consensuada 2005-2010 del IIRSA.

proyecciones y tendencias

Todos los pronósticos más realistas que pueden hacerse en este instante, auguran un incremento del consumo energético para la región y en particular para el Mercosur. Ese aumento irá acompañando tendencialmente el crecimiento de las economías sudamericanas, pero también será arrastrado por la tendencia todavía en aumento a recurrir a hidrocarburos y menos a fuentes energéticas renovables. No obstante los anuncios de aumento de los precios del petróleo y del gas como sucedió después de la nacionalización boliviana de sus recursos, de la capacidad de extracción decreciente, de las crisis climáticas recurrentes y de la necesidad de reducir emisiones provenientes del sector energía, a pesar de todo ello, América Latina estaría más que duplicando su consumo hacia el año 2020.

En el caso del Mercosur, los desafíos son diferentes para los seis países: unos son exportadores netos de energía mientras otros son deficitarios, tienen tasas diferentes de crecimiento y economías de dimensiones también diferentes. Las políticas energéticas en algunos casos han sido erráticas y no han mantenido un rumbo claro, como lo han demostrado las crisis de Argentina, Bolivia y Uruguay. La participación creciente de las empresas privadas enn una posición dominante en el negocio y la falta de un Estado regulador eficiente con normas claras puede ser uno de los factores. Desde un punto de vista político, la sucesión de gobiernos de signo ideológico contrario que no operan bajo una lógica de largo plazo sino por la inmediatez de los ciclos gubernativos puede ser otro. Los ejemplos de Chile y Brasil, en cambio, parecen dar cuenta de políticas energéticas de Estado, pero nada garantiza que no se de curso a comportamientos privatizadores según la fuerza de las presiones corporativas privadas y de la envergadura on cuantía de las reservas energéticas en cuestión.

Para Chile y para la región de Magallanes en la Patagonia, las alternativas energéticas se encuentran en su propio subsuelo (carbón, gas natural), en sus fuentes renovables (energía eólica y energía mareomotriz, ambas casi inexploradas), además de la energía hidráulica de la que dispone ampliamente el territorio nacional. Pero las opciones energéticas de Chile no son solamente del tipo de fuente que debería utilizarse en el futuro de mediano plazo, sino la naturaleza del rol que el Estado o el mercado van a cumplir en esta materia. Si se define como Política de Estado que las fuentes energéticas disponibles en el territorio nacional constituyen recursos de interés nacional, entonces estamos definiendo como Estado que tienen un carácter estratégico y que su producción y todo el proceso exploratorio y extractivo, constituyen una función primordial y una responsabilidad geopolítica crucial del Estado, en la que éste define las reglas esenciales del juego.

Un fenómeno político y geopolítico importante que se advierte en todos los países de la región, es la presión de los inversores por lograr que el Estado les otorgue una serie de beneficios para decidir la inversión, además de asegurar un margen respetable de ganancia y un rápido retorno. Es probable que la falta de inversión provenga, por un lado, de la falta de seguridad del negocio energético y, por otro, de la desconfianza en los pronósticos de desarrollo económico. En cualquier caso es claro que los inversores están presionando a los gobiernos para obtener mejores condiciones para su inversión con la amenaza del desabastecimiento.

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