Bolivia y la estrategia diplomática de la provocación

Los medios de comunicación en Chile, han dado una vez más amplia cobertura a la más reciente e inusitada puesta en escena comunicacional del gobierno de Bolivia, enviando una nutrida delegación de lideres políticos y gubernamentales con el propósito insólito de pretender realizar “visitas inspectivas” en los puertos del norte de nuestro país.

El gobierno de Bolivia, una vez más hace uso del recurso comunicacional para tratar de desacreditar a Chile y de presentar a nuestro país como un actor político arrogante, agresor y prepotente, desconociendo incluso las normas legales y reglamentarias internas.

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Las campañas comunicacionales actúan como “efectos de pantalla”, como operaciones dirigidas a generar un efecto masivo en las audiencias.  En este caso sin embargo, la visita mediática de los dirigentes bolivianos -presentada como privada- solo actuó con un efecto de acumulación con otras recientes provocaciones.

Lo que sí resulta evidente es que la llamada causa marítima boliviana, ha ido perdiendo gradualmente adhesión en la opinión pública chilena, no tanto por lo que haya hecho el gobierno de Chile para avanzar en diálogo con su contraparte de La Paz, algo que ellos mismos rechazaron formalmente, como porque la sucesión ininterrumpidas de ataques mediáticos, insultos, provocaciones y gestos anti-diplomáticos de los gobernantes bolivianos, están consiguiendo un creciente clima de rechazo y de molestia de la ciudadanía en Chile ante Bolivia.

Bolivia, como aparece estipulado en los tratados vigentes, cuenta con un conjunto de facilidades portuarias, pero es sabido que el Estado de Bolivia adeuda alrededor de 1 millón de dólares al Estado de Chile por el pago de los derechos portuarios en nuestro país.

Si una norma básica del sistema internacional es el ejercicio más irrestricto del respeto a las normas jurídicas internas dentro de cada Estado a las cuales todos los diplomáticos deben sujetarse, lo que hace el actual gobierno de Bolivia es precisamente irrrespetar las normas internas, porque resulta inconcebible y una falta de respeto a todos los chilenos, que una autoridad extranjera se permita pretender “inspeccionar” en un territorio que no le pertenece y dentro del cual no tiene absolutamente ninguna jurisdicción.

Bolivia, por el tratado de 1904 dispone y se beneficia en algunos puertos de Chile de ciertas facilidades para el tránsito de sus mercancías (como sucede también su favor en puertos de Perú, Uruguay y Brasil), pero esas franquicias no significan ninguna forma de extraterritorialidad, de manera que éstas rigen dentro del territorio nacional de Chile.

La política diplomática del gobierno de Bolivia desde que asumió el actual gobernante de turno, se ha orientado por la lógica de la provocación, una estrategia en que se incorporan elementos políticos y comunicacionales orientados a presentar a Chile como el culpable de la mediterraneidad boliviana.

Si esta estrategia exterior del gobierno boliviano tenía por objeto reforzar la cohesión interna para obtener réditos políticos, esa fórmula fracasó cuando la mayoría de los ciudadanos bolivianos votaron contra la posibilidad que Morales pueda reelegirse una vez más.  Si esta maniobra tenía por objeto ganar adeptos en la opinión pública chilena, bajo el recurso de la sensiblería por la mediterraneidad supuestamente perdida, caso perdido entonces, porque crece entre los ciudadanos chilenos el rechazo a las conductas de ese gobierno.

Los intereses permanentes del Estado boliviano, están siendo sacrificados por el actual gobernante de turno de ese país, en aras de un desesperado juego político interno para conseguir reelegirse, aprovechando su popularidad pero sin importarle la negativa imagen internacional que produciría gobernar ese país por más de 25 años consecutivos.

La estrategia altiplánica de la provocación produce como resultado que Bolivia choca una y otra vez infructuosamente con el muro de una política exterior basada en el cumplimiento y respeto a los tratados internacionales vigentes, en la intangibilidad del Tratado de 1904 y con el hecho objetivo de que Chile jamás cederá soberanía ni territorios sobre la base de la presión, y jamás otorgará salida soberana al mar a ese país sobre la base del chantaje mediático, la provocación o la victimización.  En este contexto, la táctica de presentar sucesivas demandas en los tribunales internacionales, solo funciona cómo un mecanismo para prolongar y mantener en el tiempo una causa política que confronta a Chile.

Las relaciones estables, productivas y duraderas entre Chile y Bolivia no tienen curso fuera del cauce del diálogo diplomático y la integración.   Pero para eso, primero habría que recuperar las confianzas y este gobierno de Bolivia se mueve en dirección de las desconfianzas.

Probablemente ha llegado la hora que se termine con las falacias discursivas de Bolivia respecto de su mediterraneidad, que tienden a distorsionar la mirada como ambos pueblos se relacionan con el otro.  La mediterraneidad no es la causa del atraso o del subdesarrollo en que ha vivido Bolivia desde su fundación como república.

Las causas del estado de subdesarrollo de ese país se encuentran en la conducta depredadora de sus oligarquías terratenientes y mineras, en sus golpes de Estado militares frecuentes, en la voracidad rapaz de sus elites capitalistas que sustrajeron las riquezas del territorio para venderlas a vil precio en los mercados internacionales durante más de un siglo.  Desde su emancipación, Bolivia se sumergió en un estado crónico de revoluciones y guerras civiles. Los primeros 50 años de historia de la República boliviana se caracterizaron por la inestabilidad política y militar.

Nadie puede olvidar que, por ejemplo, en los años ochenta del siglo pasado, la caída del precio del mineral del estaño y la mala administración de los regímenes militares habían dejado a Bolivia con una inmensa deuda financiera, una situación hiperinflacionaria y un descenso de los ingresos por exportaciones, de manera que la exportación ilegal de cocaina fue el principal recurso que le procuró divisas.

La mediterraneidad -entendida como una condición geográfica natural donde un determinado territorio no tiene acceso físico y directo al mar- no puede ser atribuida como la causa de la pobreza o del subdesarrollo de un país. La mejor prueba de ese aserto son países mediterráneos como Hungría, Austria, República Checa o Eslovaquia, que han sido desvastados por a lo menos dos guerras e invasiones y ocupación extranjera durante el siglo XX, sin contar con las guerras durante la edad media, o Suiza, un ejemplo clásico de un país que jamás en su historia de más de 10 siglos ha tenido salida al mar.

La estrategia diplomática de la provocación solo sirve a los intereses políticos inmediatos del gobernante de turno de Bolivia, y no a los intereses permanentes del pueblo boliviano, ni a la paz, ni al desarrollo ni a la integración en el cono sur de América.

Manuel Luis Rodríguez U.

El retorno de los nacionalismos

Asistimos a un momento histórico donde se manifiestan nuevamente los nacionalismos.

La historia, nos recuerda cada cierto tiempo y en forma siempre dramática, que los nacionalismos son los principales responsables ideológicos y sociales de las dos guerras mundiales más desvastadoras del pasado siglo XX: la primera guerra (1914-1918) que enfrentó al imperio AustroHungaro y Alemania contra Inglaterra, Francia y Estados Unidos (originada en los nacionalismos eslavos de Europa central), y la segunda guerra (1939-1945) que hizo colisionar al Eje nazi-fascista de Alemania, Italia y Japón, contra los aliados EEUU, Unión Soviética, Francia e Inglaterra (desencadenada por los nacionalismos alemán y japonés).

Los nacionalismos son, además, fuerzas ideológicas alimentadas en los segmentos sociales populares más desfavorecidos, por los sectores políticos de las derechas más extremas, construyendo discursos de intolerancia, de fanatismo, de miedo y de odio contra “el otro”.

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Los fanatismos nacionalistas se pueden entender principalmente, no solo por la afirmación exclusiva y excluyente de la propia identidad, sino también por la lógica del temor al extranjero y el odio racial contra ciertas poblaciones acusadas de culpas históricas, muy frecuentemente imaginarias.

Hoy, en la segunda década del siglo XXI, en la era de la globalización y de los intercambios a escala planetaria, los nacionalismos parecen estar de regreso, con su carga de exclusión, fanatismos, odiosidades, sentimientos colectivos manipulados y identidades locales activadas por la irracionalidad de algunas minorías iluminadas.

El miedo al ruso, al judío, al húngaro, al polaco, al alemán, al francés, al italiano, que tanta sangre hizo correr desde el siglo XVII hasta el siglo pasado en los territorios europeos, ahora parece de retorno con el miedo al inmigrante, al árabe, al islámico.

¿Asistimos solamente a la crisis del modelo unitario europeo o es sólo un anticipo de la implosión del bloque occidental, en un contexto caracterizado por la emergencia de nuevos centros hegemónicos globales en el Oriente?

¿Es Europa hoy todavía un referente significativo de la cultura universal de Occidente, o las actuales crisis sociales y culturales sólo van empujando el carro de la decadencia?   Una pregunta como ésta solo puede responderse desde una lógica temporal del largo plazo.

La crisis económica y financiera iniciada desde 2008 en el centro del sistema capitalista y en el núcleo del modelo neoliberal de mercado, o “campo occidental”, va camino de arrasar no solo las conquistas sociales de los Estados de bienestar europeos, sino que representa el telón de fondo y el contexto, en una Europa golpeada en los tiempos recientes por dos movimientos telúricos mayores: la crisis de los refugiados originada por la huida masiva de ciudadanos sirios huyendo de la desvastación de la guerra, y la decisión de Gran Bretaña de retirarse de la Unión Europea tras un referendum de alto impacto regional y global.

Europa vive ahora tres crisis de envergadura: los efectos retardados de una crisis económica y financiera iniciada en el sistema bancario de los Estados Unidos, el impacto de la crisis ocasionada por la llegada de alrededor de 2 millones de refugiados procedentes del Medio Oriente árabe e islámico y el Brexit, la salida de Gran Bretaña del bloque europeo y que puede funcionar como una potente señal de alarma.

GRAN BRETAÑA EN EL MAPA GLOBAL.

Gran Bretaña sale de la Unión Europea, pero no deja de ser el aliado político y estratégico más importante de EEUU en Europa, y continúa integrando la Alianza Atlántica OTAN, el poderoso e influyente brazo armado de Occidente, con operaciones militares de intervención en 3 continentes.

Los intereses estratégicos de Gran Bretaña se localizan en Europa, en América del Norte, en el Atlántico Sur, en Medio Oriente y en el sudeste asiático.

Cabe recordar que las relaciones diplomáticas y comerciales de Gran Bretaña con China viene desde la época de la dinastía Ming en 1638.

Basta anotar solamente que en 2010 altos mandos militares se reunieron en Pekín para discutir la cooperación militar entre ambos países, entre ellos el subjefe del Estado Mayor del Ejército Popular de Liberación, y el jefe del estado mayor del ejército británico, iniciando una etapa de intensificación de las relaciones entre China y el Reino Unido, e impulsando especialmente además, el comercio entre los dos países que vale miles de millones de libras esterlinas.

En el mapa geopolítico global, Gran Bretaña, una potencia mundial de primer orden que integra el campo occidental, se encamina por el desconocido y nebuloso camino de retirarse ordenadamente de la Unión Europea, manteniendo su presencia en la OTAN y en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero dejando tras suyo un cuadro de agitación  e inestabilidad.

LA CRISIS DEL BREXIT Y LOS NACIONALISMOS EUROPEOS.

La “crisis del Brexit” separó a los viejos ingleses atemorizados por el miedo a los inmigrantes, de los jóvenes esperanzados en que la Unión Europea les abría las puertas a las posibilidades, a los intercambios, a la integración.   Esta generación de jóvenes británicos frustrados ahora por el corte brutal del Brexit, serán muy previsiblemente los adultos que explotarán de rabia en 20 años más contra las instituciones inglesas y europeas.

El Brexit ha sido el detonante para poner en evidencia los virulentos e impredecibles nacionalismos y localismos europeos: los escoceses que no quieren salir de la UE pero que arriesgan separarse de Inglaterra, los catalanes que agitan su independentismo autonómico de España, los irlandeses que quieren unificarse, los holandeses que quieren promover un referendum de salida de Europa…

El impecable juego democrático de los referendum y de las iniciativas ciudadanas de ley, es decir, el ejercicio teórico y práctico de la democracia participativa, le está jugando una mala pasada a las instituciones de las democracias representativas, llevando a las naciones europeas al torbellino impredecible de los asambleísmos, de los liderazgos populistas y de las odiosidades raciales.

¿Lección para las mayorías democráticas?: nunca dejen de ocuparse de las minorías.

Hasta el presente, esas tensiones locales de inspiración nacionalista y xenófoba habían permanecido casi en la trastienda del escenario político y geopolítico del viejo continente.  Ahora los nacionalismos estallan en el rostro del modelo de integración continental.  Aún así, no puede perderse de vista que mientras el Brexit sacude transitoriamente las bolsas de valores y los bancos centrales, cientos de miles de árabes pugnan dramáticamente a través del Mediterráneo por refugiarse en la Europa en crisis.

Una vez más, como lo muestra la historia, se trata de una anomalía histórica y cultural fácil de inocular y difícil de erradicar, o por decirlo en términos médicos, el nacionalismo es hoy la enfermedad visceral de la globalización.

24 junio 2016.

Chile demanda a Bolivia ante la Corte Internacional de La Haya por el Río Silala

“El Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, informó hoy que el gobierno de Chile ha decidido demandar al Estado Plurinacional de Bolivia ante la Corte Internacional de La Haya para que ésta declare la condición de río internacional del Río Silala y, como consecuencia de ello, que Chile tiene derecho al uso de sus aguas bajo el derecho internacional.

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El gobierno de Chile ha tomado esta decisión, considerando entre otras, las siguientes razones:

a) La existencia de una controversia originada en la afirmación de Bolivia que el Río Silala no es un curso de agua transfronterizo y que, en consecuencia ese país tendría derecho al uso del 100% de sus aguas;

b) El anuncio público del Presidente Evo Morales que Bolivia presentaría una demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia por esta disputa, acusando al Estado de Chile de actuar ilícitamente y de estar “robando” las aguas del Río Silala;

c) La posterior creación en Bolivia de una Dirección Estratégica para desarrollar este nuevo litigio con Chile;

d) Los múltiples y serios esfuerzos que ha hecho Chile para resolver amistosamente la diferencia, todos los cuales se han visto frustrados por la insistencia de Bolivia en negar los derechos de Chile;

e) El deber de Chile de proteger sus recursos naturales, dando certeza jurídica a las titularidades que le reconoce el derecho internacional.

La conducta del gobierno de Bolivia ha obligado a Chile a actuar en defensa de sus derechos, los que están siendo impugnados de manera hostil. A diferencia de la demanda planteada por Bolivia en el año 2013, la acción de Chile dice relación con una disputa jurídica genuina, de carácter técnico, que busca que la Corte Internacional de Justicia declare y confirme lo que Bolivia ha estado tratando de negar, que es la condición del Silala como curso de agua internacional.

En el día de hoy, la agente de Chile para esta demanda, la Directora de Fronteras y Límites del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Ximena Fuentes, ha presentado en la secretaría de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, la aplicación del gobierno de Chile para iniciar el procedimiento. Ella será acompañada en el proceso por los co-agentes María Teresa Infante, anterior directora de Fronteras y Límites y actual embajadora de Chile ante los Países Bajos; y por Juan Ignacio Piña, ex Subsecretario de Justicia y actual Presidente del Consejo de Defensa del Estado.

El gobierno de Chile reafirma con esta acción su permanente política de pleno apego al derecho internacional y su firme convicción en la solución pacífica de controversias jurídicas por la Corte Internacional de Justicia.”

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Transcripción punto de prensa del Canciller Heraldo Muñoz.

“Lunes, 06 de junio de 2016

Queremos informar que Chile ha decidido demandar a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia por el caso del Río Silala.

Concretamente, por instrucción de la Presidenta de la República, a esta misma hora, en La Haya, la Directora de Fronteras y Límites de la Cancillería, la Embajadora Ximena Fuentes ha hecho entrega al Secretario de la Corte la solicitud de la demanda chilena para que se determine que el Silala es un río internacional y que, por lo tanto, Chile tiene derecho sobre las aguas de este curso de agua internacional.

El gobierno ha tomado esta decisión como una medida necesaria para defender nuestros intereses frente a una controversia que ha generado la conducta de Bolivia respecto a este río. Bolivia sostiene que el Silala no es un río de carácter internacional; como consecuencia de ello reclama, supuestamente, el uso del 100% de sus aguas. Esta posición de Bolivia se remonta tan solo a 1997. A partir de ese año Bolivia comenzó a negar el carácter del recurso de agua fronterizo del río Silala que antes reconocía. De hecho, lo reconoció por casi 100 años.

A partir de ello, el Presidente de Bolivia anunció el mes de marzo que presentaría una nueva demanda contra Chile en la Corte de La Haya por lo que llamó “el robo de las aguas del Silala”. Asimismo, anunció el desarrollo de una serie de acciones para que el Silala no siga fluyendo hacia Chile. Esto es inaceptable.

Chile ha hecho, a lo largo de los años, intentos serios y variados para solucionar amistosamente esta discrepancia a través de la negociación, las cuales han fracasado por la reiterada actitud de Bolivia de negar los derechos de nuestro país, como lo dejan en evidencia las recientes declaraciones del mandatario boliviano.

Chile no puede permanecer pasivo frente a la reiterada conducta del gobierno de Bolivia de desconocer nuestros derechos. Por consiguiente, hemos demandado a Bolivia ante La Corte de La Haya para que esta institución resuelva esta disputa, declare y reconozca nuestra posición jurídica conforme de derecho, para proteger nuestros recursos naturales y dar certeza jurídica a los derechos que le asisten a Chile, y que Bolivia desconoce.

Bolivia ha anunciado que la preparación de su eventual demanda contra Chile demoraría dos años; Chile no puede permitir que Bolivia siga intentando instrumentalizar el derecho internacional y sus instituciones como vehículos de hostigamiento político. En estas circunstancias le interesa a Chile que la Corte resuelva esta disputa lo más pronto posible.

Como Bolivia ha anunciado diversos proyectos para desviar las aguas del Silala o evitar que estas sigan fluyendo hacia Chile, nuestra acción judicial evitará que esto suceda y obligará a Bolivia a conformar su conducta al derecho internacional, previniéndose  acciones  que pudieran menoscabar cuantitativa o cualitativamente nuestros recursos naturales.

Chile enfrentará este caso con un equipo técnico de alto nivel de abogados nacionales e internacionales, de los principales expertos en recursos hídricos a nivel mundial, porque este es un caso de una naturaleza técnica y especializada.

De hecho, la Dirección de Fronteras y Límites de la Cancillería ha venido reuniendo antecedentes y analizando esta situación desde hace 20 años y contamos con hidrólogos, geólogos y abogados con un alta especialización.

Es por ello que la Presidenta de la República ha decidido encargar el manejo de esta disputa a la Directora de Difrol, la profesora Ximena Fuentes, que será la agente de Chile en este caso. Hemos reclutado a un grupo muy distinguido de juristas. A la Doctora Fuentes la acompañarán de coagentes, la Embajadora en La Haya, María Teresa Infante y -siguiendo con la tradición en estas materias como una política de Estado- será también coagente don Juan Ignacio Piña, Presidente del Consejo de Defensa del Estado, abogado, doctorado de la Universidad de Navarra, Ex Subsecretario y Ministro de Justicia.

Como puede apreciarse por lo expuesto, este caso no guarda relación con la otra disputa que Chile mantiene con Bolivia en la Corte. En razón de ello serán conducidos y manejados en forma separada de la otra disputa, pero con la debida coordinación, por eso también está nuestro agente José Miguel Insulza.

Los tiempos judiciales de ambos casos harán que no exista un traslape entre ellos y que ambos casos transcurran en tiempos distintos y caminos paralelos.

Tenemos la confianza en que cada una de estas demandas será resuelta conforme  a su propio mérito.

Para efecto de presentar esta demanda, Chile se ha basado en la jurisdicción que otorga a la CIJ el Pacto de Bogotá. Ello es una demostración de lo que hemos sostenido con anterioridad, cuando nos ha parecido que se ha forzado la jurisdicción de la Corte con disputas artificiales. Más allá de los términos acordados con nuestro país, hemos ejercido nuestros derechos.

En este caso, hemos recurrido al mismo instrumento, por el reconocimiento de su importancia como vehículo de solución pacífica de disputas jurídicas realmente existentes entre los países miembros del pacto.

En suma, Chile le está pidiendo a la CIJ que declare lo siguiente:

1) Que el río Silala es un curso de agua internacional cuyo uso se encuentra regido por el derecho internacional.

2) Que Chile tiene derecho de uso equitativo y razonable de las aguas del río Silala en conformidad al derecho internacional.

3) Que bajo el estándar de uso equitativo racional, Chile tiene el derecho al uso que actualmente hace de las aguas del río Silala.

4) Que Bolivia tiene la obligación de tomar todas las medidas adecuadas para prevenir y  controlar la contaminación y otras formas de daño a Chile, resultantes de sus actividades en las cercanías del río Silala.

5) Que Bolivia tiene la obligación de cooperar con Chile y notificarle oportunamente de medidas que haya planificado y puedan tener un efecto adverso en los recursos hídricos compartidos, de intercambiar antecedentes e información y de conducir, cuando sea apropiado, el estudio de un impacto ambiental en orden de permitir a Chile evaluar los posibles efectos de estas medidas planificadas.

En suma, Chile ha demandado a Bolivia para avanzar por nuestros intereses. Chile tendrá la oportunidad de desarrollar por completo sus argumentos, cuando los presentemos oportunamente y cuando se decida conjuntamente con la Corte su memoria. Lo que se acaba de presentar hace algunos instantes en La Haya es la solicitud de registro de nuestra demanda, que es la expresión sucinta de los hechos y fundamentos de nuestra demanda contra Bolivia.

Finalmente, como siempre ha sido nuestra actitud, manejaremos esta demanda que hemos interpuesto contra Bolivia de manera sobria y profesional, velando siempre por los intereses de Chile que es la política de estado de nuestro país.

Heraldo Muñoz

Ministro de Relaciones Exteriores de Chile.”

 

Empresa Rockhopper anuncia importante hallazgo de reservas de petróleo en el fondo marino de Islas Falklands

El presidente de la empresa petrolera inglesa Rockhopper Exploration Plc, Pierre Jean-Marie Henri Jungels, reveló en la última asamblea de accionistas de la compañía que el área marítima Sea Lion, al norte de las Islas Falklands, es un logro fabuloso para la compañía que tiene ahora un yacimiento de clase mundial, similar a las reservas que reporta en Argentina la compañía privada Pluspetrol.

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“Se confirmó el tamaño del Sea Lion como un yacimiento de petróleo de clase mundial”, dijo a sus accionistas Pierre Jean-Marie Henri Jungels, y prometió convertir a la Cuenca Norte de las Islas Falklands en una “nueva provincia productora de hidrocarburos”.

“Este fue un logro fabuloso para un pequeño equipo, hábilmente dirigido por su nuevo CEO, Sam Moody. No todos los operadores logran este resultado con equipos a menudo considerablemente más grandes”, resaltó Jungels durante el encuentro en la sede de la compañía, ubicada en el número 5 de Welbeck Street, en Londres.

Rockhopper anunció este jueves que sus reservas netas de petróleo se duplicaron a más de 300 millones de barriles, mientras expertos independientes estiman que la Cuenca tiene un potencial de casi 1.000 millones de barriles, un nivel similar al que reporta en la Argentina la firma local Pluspetrol (otra operadora mediana, Pan American Energy, tiene reservas por 1.600 millones).

Los hallazgos off shore se encuentran en un área en litigio entre el país y el Reino Unido, y corresponden a una operatoria cuestionada en Naciones Unidas y en otros foros internacionales, al punto que el anterior gobierno juzgó “ilegal” la exploración y producción de hidrocarburos en la zona.

Como se sabe, las Islas Falklands se encuentran bajo soberanía británica desde 1841, soberanía que fue sólo interrumpida por la invasión argentina y guerra entre abril y junio de 1982.

Al margen del conflicto político y diplomático, Jungels lamentó que la crisis financiera en el mercado europeo limitara los préstamos bancarios disponibles, y sostuvo que de no haber sido por esa restricción “podríamos incluso haber visto por primera vez petróleo este año”.

Rockhopper es propietaria de más del 50% de dos yacimientos petrolíferos, Sea Lion (león marino) e Isobel Elaine, que podrían contener reservas de 747 millones barriles de petróleo y gas, según la auditoría independiente preparada por ERC Equipoise Limited (ERCE).

La empresa tenía una participación de 24% en estos yacimientos, pero la aumentó a 64% al fusionarse a fines del año pasado con la compañía Falkland Oil & Gas, según la denominación en inglés.

El CEO de Rockhopper, Moody, destacó que la nueva auditoría “confirma el potencial de las islas Falklands Norte para ser una cuenca de 1.000 millones de barriles”.

El complejo de Sea Lion tiene más de la mitad de esas reservas, con casi 270 millones de barriles de bajo riesgo, que según el ejecutivo “podría ser evaluado con tan sólo 3 ó 4 pozos más dirigidos de manera óptima”.

Además, añadió Moody, el descubrimiento Isobel Elaine “tiene el potencial de ser un tercio del desarrollo regional, que potencialmente contiene más de 500 millones de barriles”.

Jungels remarcó durante la asamblea de accionistas de Rockhopper el “privilegio de haber estado involucrado con una de las más emocionantes historias de exploración y producción de la última década”.

“Realmente se puede decir que se ha abierto una nueva provincia de hidrocarburos, de la que en el tiempo que tengo toda la confianza en que vamos a ver a los 1.000 millones de barriles -y más- de petróleo producido”, vaticinó el presidente de la compañía.

De esta forma, Jungels resaltó que “tuvimos el maravilloso -y raro en el mundo de la exploración- éxito de encontrar Sea Lion con nuestro primer pozo”, operado en la superficie inicialmente testeada por la compañía Shell.

“Este fue, por supuesto, un momento de transformación para la empresa, y de hecho para la industria en las aguas alrededor de las Falkland Islands”, señaló el ejecutivo inglés.

Tras destacar que el plan de desarrollo en fases sensibles “establecerá a las Falklands como nueva provincia productora de hidrocarburos”, Jungels puso de relieve los “progresos reales” en el armado de la ingeniería básica para la explotación, que incluye el FEED (Front End Engineering Design).

Como “factor negativo”, sin embargo, mencionó el colapso del precio del petróleo de la últimos dos años, “con sus consecuencias para el flujo de caja de los socios actuales y potenciales”.

No obstante, concluyó, “una evaluación del valor de Rockhopper debe tener en cuenta tanto nuestra sólida posición financiera con dinero en efectivo en el balance general, y nuestro potencial para generar flujo de efectivo a través de la producción en Sea Lion en algún momento”, aunque se espera para ello una suba de los precios del petróleo.

Rivalidad hegemónica global y el escenario geopolítico sudamericano en la segunda década del siglo XXI

¿América Latina ha dejado realmente de ser el “patio trasero” de Estados Unidos?    

La evidencia indicaría que a pesar de los esfuerzos en los recientes diez años de diferentes gobiernos y cancillerías por intentar distanciar a América Latina de la influencia estadounidense, abriéndose hacia otros horizontes geopolíticos, en especial respecto de China y el Asia Pacífico, el resultado ha sido magro y la subregión sigue formando parte del espacio de hegemonía de EEUU.

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En menos de seis meses, el cuadro geopolítico sudamericano está cambiando profundamente: con la llegada de un gobierno de derecha en Argentina, el reestablecimiento de las relaciones entre Cuba y EEUU y la visita de Obama, el avance en las conversaciones de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia, la caida “legal” de la presidenta Dilma Rousseff en Brasil y la creciente crisis económico-política en Venezuela, pueden señalarse como los rasgos geopolíticos más relevantes del año 2016 en curso.

La arremetida política, comunicacional y electoral de las fuerzas políticas de derecha y neoliberales (derecha empresarial y comunicacional aliada con la derecha política conservadora y neoliberal) en todo el área sudamericana, podría poner en cuestionamiento los esquemas de integración continental, que habían desarrollado las principales subpotencias para situarse de un modo más ventajoso frente a los esfuerzos de EEUU por mantener su hegemonía en América Latina.

A principios de la actual década (2010-2020), EEUU parecía haber logrado la formación de un “eje geopolítico del Pacífico” con Canadá, EEUU, México, Colombia, Perú y Chile, como contrapartida a la formación de un “eje geopolítico del Atlántico” donde se integraban Venezuela, Brasil, Uruguay y Argentina.

Pero hoy es posible comprobar que en la rivalidad de las lógicas de integración de América Latina en el mundo (por ejemplo, el “esquema Pacífico” frente al “esquema Atlántico”), Estados Unidos sigue siendo una potencia determinante en el escenario geopolítico regional.

Al analizar la relación “América Latina-Estados Unidos” -que es cada vez menos la relación estratégica principal entre ambos actores- siempre hay que tener presente que la potencia estadounidense tiene una política respecto de América Latina, pero en cambio América Latina no tiene una política respecto a EEUU.   A medida que transcurre el siglo XXI y el orden global se vuelve cada vez más multipolar, el eje América Latina-EEUU deja de tener el lugar central que tenía a principios o a mediados del siglo XX.

En América Latina desde una perspectiva ideológica, el neoliberalismo es mucho más que una forma de gobierno y de Estado subsidiario sometido a las reglas del mercado, que se ha expandido geográficamente por el planeta, y que además ha logrado permear amplios sectores sociales, económicos y culturales gracias a una combinación de educación y de hegemonía cultural y control sobre los medios de comunicación.  La hegemonía ideológica del neoliberalismo fue cuestionada por las corrientes y gobiernos progresistas en el continente, al tiempo que se manifiesta una creciente crisis conceptual y política de las elites económicas y los partidos que sustentan esta ideología económica.

En la geopolítica latinoamericana, los foros sociales y políticos no son suficientes: en el siglo XXI cuentan el control de las redes comunicacionales, la capacidad de difusión de información y de movilización de redes organizacionales y el rol político de los gobiernos dispuestos a comprometerse en la agenda ciudadana.  En América Latina los efectos del “modelo neoliberal” han resultado desastrosos para la seguridad nacional, la soberanía energética y el dominio nacional sobre los recursos naturales y energéticos, porque ha significado la desnacionalización completa de dichos recursos con la consiguiente pérdida de soberanía de los Estados.

Por lo tanto, el contexto global en que se sitúa hoy el continente sudamericano es aquel que se caracteriza por la prolongación de la crisis económico-financiera a escala mundial iniciada el 2008, por la intensa rivalidad hegemónica de las potencias emergentes (Rusia, China, India)  en particular que amenaza estructuralmente el esquema de dominación occidental y estadounidense; un contexto caracterizado por la rivalidad hegemónica de las grandes potencias, la incertidumbre estratégica y las crisis.

AMERICA LATINA EN EL DISEÑO GLOBAL ESTADOUNIDENSE.

En este contexto global, la política exterior de EEUU hacia América Latina se orienta a mantener a la región dentro de un área de influencia (la ideología neoliberal de la libre empresa y del libre mercado) política, económica, tecnológica, cultural y comunicacional.

¿Es importante América Latina para la diplomacia estadounidense?

En comparación con otros espacios geopolíticos en el mundo, como el Medio Oriente, el sudeste asiático, Asia oriental o el Mediterráneo, sin duda América Latina no es el centro principal de la preocupación estadounidense.

No puede desconocerse que este esquema hegemónico se produce en un escenario mundial donde se produce una acelerada movilidad y redistribución del poder y las hegemonías entre las principales potencias y las distintas regiones del planeta, lo que otorga un clima de incertidumbre estratégica a todo el sistema-planeta.  El mundo está cambiando aceleradamente y esa aceleración es producto tanto de los esfuerzos de las potencias globales por ordenar el escenario conforme a sus intereses estratégicos, como de la percepción que asistimos a una combinación inédita de crisis que se superponen y entremezclan: crisis financiera, crisis ambiental y ecológica, crisis económica, crisis alimentaria, crisis energética.

Esa política exterior estadounidense respecto de América Latina se enfrenta hay no solo ante el dilema “Clinton-Trump” de las elecciones presidenciales (Clinton representando la continuidad de la política exterior de Obama de énfasis en las relaciones económicas; y Trump representando a los halcones de la guerra, de énfasis en la confrontación abierta con los gobiernos progresistas), sino también en un momento de reflujo de las corrientes y gobiernos progresistas.

La agenda EEUU-América Latina no se limita a los flujos de narcotráfico o de migrantes, sino a cuestiones más complejas como la recuperación y/o nacionalización de los recursos naturales y el respeto a la soberanía de los Estados de la región.    Es posible sostener que la relación entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe ya no es como antes. Washington ya no despliega una sola «política latinoamericana», sino diferentes estrategias bilaterales o subregionales: México, América Central y el Caribe conforman un área profundamente integrada, a través de la migración y el comercio, a EEUU; la zona andina constituye el foco de mayor preocupación norteamericano, debido a la inestabilidad política y el narcotráfico; mientras que los países del Cono Sur cuentan con un margen de maniobra política y diplomática que no existía en el pasado. En general, la agenda estadounidense para América Latina está menos basada en la geopolítica, la seguridad nacional y la ideología y más centrada en la economía, en el marco de problemas compartidos como el narcotráfico, el ambiente y la migración, aun que los asuntos estratégicos y militares están siempre presentes en su despliegue diplomático.

El “término de la guerra fría” en América Latina es mucho mas que el gesto político y simbólico de la apertura económica y las nuevas relaciones entre EEUU y Cuba, sino que es un lento proceso donde el viejo esquema bipolar no termina de borrarse de las mentalidades y de los diagnósticos de las cancillerías, las elites dominantes y los gobiernos latinoamericanos.

En este marco, América Latina ha expandido y multiplicado su presencia en foros internacionales y mediante la construcción de foros regionales (Mercosur, Alba, Unasur, Alianza del Pacífico, OEA), ha intentado instalar un discurso de política y diplomacia regional más o menos autónoma respecto de las potencias globales dominantes.

Los gobiernos progresistas de América del Sur (Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina, Venezuela, Uruguay) sin embargo, van a contrapelo del esquema de hegemonía estadounidense, y esta es probablemente una de las explicaciones más consistentes para comprender la tendencia actual de crisis de la corriente progresista en la región.

LA RIVALIDAD HEGEMÓNICA GLOBAL DESDE EL ESCENARIO LATINOAMERICANO.

La rivalidad hegemónica global se traslada a América Latina y a América del Sur en particular, a través de los esfuerzos de Brasil, Argentina y Venezuela por generar estructuras regionales de integración que escapen al modelo estadounidense de relaciones económicas, y por establecer relaciones económicas y políticas con la República Popular China, con Rusia.

En este marco de rivalidad global, Brasil es una potencia importante y decisiva en América Latina.    La diplomacia brasileña dispone de una importante panoplia de arenas multilaterales donde despliega su inserción mundial.

Las más recientes orientaciones de la diplomacia brasileña en el orden internacional (bajo los gobiernos del PT) lo muestran como una potencia activa que pretende mantener su predominio en Sudamérica  y expandir su presencia global: 1. Integra el BRICS (Brasil, Rusia, India y China) grupo privilegiado de grandes espacios continentales y regionales;  2. el grupo de los cuatro junto con India, Sudáfrica y Alemania reclamando una silla permanente en el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas. 3. la Unasur (Unión de Naciones del Sur) junto con el resto de los países de América del Sur. 4. El grupo del G20 con los Estados de mayor producción de riqueza. 5. El G5 junto con México, Sudáfrica, China e India grupo de potencias emergentes. 6. El pacto turco-brasilero de diálogo con Irán, en contraposición a la lógica de demonización de Iran propiciada por EEUU e Israel.

En este cuadro, asistimos a una etapa de deterioro y/o de crisis de los gobiernos progresistas y el reingreso de gobiernos neoliberales o conservadores.

La crisis de los gobiernos progresistas sudamericanos obedece a una combinación compleja de factores: por una parte, la percepción ciudadana de pérdida de legitimidad de la clase política y los partidos políticos como consecuencia de la corrupción que mezcla dinero y política; por otra parte, el efecto de desgaste de los gobiernos que tienden a perpetuarse, que arriesgan derivar en personalismos populistas y que tienen dificultades para generar alternancia democrática.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES.

Carrizo, S.C., Velut, S., L’énergie dans le Mercosur. Réseaux transnationaux et logiques nationales, Hérodote 4/2006 (no 123) , p. 88-106.

Dominguez, J.: La Política exterior del Presidente Barack Obama  hacia América Latina. Rev. Foro Internacional, Vol. L, México, Abril junio 2010, Nº 2, pp. 243-269.

Giblin, B.: Nouvelle Géopolitique en Amérique Latine. Paris, 2006. Rev. Herodote.  (no123) , p. 3-8.

Russell, R., Tokatlian, J.: Modelos de política exterior y opciones estratégicas: el caso de América Latina frente a Estados Unidos.  Revista CIDOB de Asuntos Internacionales, Nº 85-86, mayo 2009. pp. 211-249.

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Política de Estado y reclamaciones territoriales alrededor de Chile

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Por estos tiempos, surgen alrededor de Chile y su territorio, por el norte y por el sur, dos puntos geopolíticos que contienen dilemas de política exterior, que pueden leerse como desafíos y también como oportunidades.

Estos dos escenarios nos recuerdan que en muchos lugares de América Latina subyacen con persistencia, antiguas reclamaciones y diferendos provenientes del siglo XIX.

Se atraviesan en las agendas  postmodernas del siglo XXI, los viejos fantasmas decimonónicos por soberanías, territorios y fronteras como si los potentes impulsos a la modernidad arrastraran consigo banderas, mitos y reclamos que los tratados y la diplomacia no han terminado de zanjar.

Como si las experiencias de colonización europea que vivieron los países latinoamericanos del siglo XVI al siglo XIX, hubieran dejado como lastre mental una herencia cultural de nacionalismos estrechos, de guerras que los tratados no resuelven y de procesos de integración inconclusos.

Podría afirmarse incluso -acaso forzando la metáfora- que en ciertos círculos de la geopolítica latinoamericana, el Tratado de Westfalia parece  no haber ocurrido.

AGUAS EN EL NORTE.

Por el norte, el gobierno boliviano agita los medios y la opinión pública de su país con una campaña crecientemente agresiva y hostil hacia Chile, a propósito del uso de las aguas del río Silala, un curso de agua internacional que nace a 5 kms de la frontera binacional y desagua como afluente del río Loa en el océano Pacífico.

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La actual campaña comunicacional del gobierno boliviano puede interpretarse como una cortina de humo altisonante para desviar la atención de la opinión pública interna, ante sus recientes reveses electorales, o para dejar instalada una reclamación anticipada cuando el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre la demanda marítima sea emitido.

Bolivia ha comenzado a comprender que aunque el futuro fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya dispusiera que ambos países se sienten a dialogar  sobre la demanda marítima boliviana, nada obliga ni podrá obligar jurídicamente al Estado de Chile a ceder soberanía o territorio nacional para satisfacer tal reclamación. El Tratado de Paz de 1904 puede ser comprendido como el marco jurídico fundamental que regula las relaciones bilaterales, así como la piedra de tope inamovible donde se estrellan y se seguirán estrellando los constantes dispositivos mediáticos desplegados  por el gobierno de turno de Bolivia.

De ahí se desprende que el camino boliviano de judicializar el diálogo diplomático no conduce ni conducirá a ningún lado, y menos al litoral de Chile.

Si los gobernantes bolivianos de turno creyeron que con campañas comunicacionales iban a lograr mover la postura de Chile y su política exterior en cuanto Política de Estado, se equivocaron, porque la política exterior es una combinación de Política y Diplomacia, pero no de ruido mediático. Y en cambio, lo que sí han ido logrando en la opinión pública en Chile es un creciente rechazo ciudadano y político a sus provocaciones.   Se equivoca el gobierno de La Paz en alimentar la odiosidad antichilena en la población boliviana.

La política de Estado de Chile en materia territorial es clara y precisa: Chile no abriga reclamaciones territoriales sobre espacios ajenos y funda su política territorial sobre la vigencia efectiva de sus intereses nacionales y el respeto irrestricto a los tratados internacionales, como marco fundamental que posibilita las relaciones internacionales en un plano de igualdad.

AGUAS EN EL SUR.

Por el sur, una reclamación argentina sobre la plataforma continental de islas y territorios del Atlántico sur y del océano Austral y antártico, ha encontrado eco en una instancia de Naciones Unidas, apareciendo ante la opinión pública como un triunfo diplomático.

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Se trata de una maniobra diplomática argentina que apunta hacia Gran Bretaña, que produce un aparente choque entre el principio de las 200 millas establecido por la Convención del Mar, y la reclamación de soberanía por el archipiélago de las Falklands.

No logramos imaginarnos que si Argentina dibuja en los mapas las 200 millas desde la costa argentina hacia el Atlántico sur, Gran Bretaña podría también dibujar imaginariamente las 200 millas alrededor del archipiélago de las Falklands generando un choque de reclamaciones marítimas.

No cabe duda que la reclamación de Argentina a propósito de la plataforma continental en la zona del Atlántico sur, apunta en una dirección geopolítica manifiesta: la de cuestionar jurídicamente la presencia británica en las islas Falklands y en particular, la exploración y explotación del fondo marino en la plataforma del archipiélago desde 2010, y que realiza actualmente la empresa Rockhopper Exploration por encargo del gobierno de dicha dependencia británica.

Argentina cuestiona las actividades de exploración petrolera y gasífera que allí se realizan bajo el argumento que dichas operaciones tienen lugar en la plataforma continental argentina.

Pero, cabe observar que, de acuerdo a la cartografía conocida, la proyección de la llamada plataforma continental puede tener implicancias tanto para la soberanía de Chile y el libre tránsito marítimo que se ejerce plenamente en el estrecho de Magallanes hasta su boca oriental, como porque además manifiesta una reclamación territorial que se refiere a los territorios antárticos, la que está expresamente vedada por el Tratado Antártico de 1959, firmado y ratificado también por Argentina.

¿Cómo podría aplicarse coherentemente el principio de la llamada “plataforma continental” -que obedece específicamente a la normativa de la Convención del Mar- sobre los espacios marítimos o terrestres antárticos, en circunstancias que el Tratado antártico congeló expresamente las reclamaciones territoriales y de soberanía sobre dichos espacios?

En el marco del Tratado Antártico de 1959, citamos: “Ninguna disposición del tratado se interpretará como renuncia o menoscabo o como perjudicial a los derechos de soberanía territorial o a las reclamaciones territoriales en la Antártida, previamente declaradas. Ninguna actividad que se realice mientras esté en vigencia el tratado servirá para hacer valer, crear, apoyar o negar un fundamento de reclamación de soberanía territorial. Se prohíbe la ampliación o creación de nuevas reclamaciones de soberanía territorial en la Antártida mientras dure el tratado.”

Si a esto se agrega que Chile, Argentina y Gran Bretaña tienen definiciones territoriales sobre la misma península antártica, superponiéndose casi exactamente sus respectivas reclamaciones, fuerza sería de concluir que la manifestación argentina de una plataforma continental sometida supuestamente a su jurisdicción en el océano Austral y en el territorio antártico, no tiene efecto jurídico objetivo en las actuales condiciones y choca notoriamente con las estipulaciones del Tratado Antártico.

Desde los inicios del siglo XX, la política antártica nacional ha estado orientada principalmente a la consolidación y fortalecimiento de los derechos soberanos de Chile en el sector que se proyecta hasta el Polo Sur entre los meridianos 53° y 90° de longitud oeste; a prevenir controversias internacionales que pudieren afectar la paz y convivencia en el continente; y, a partir de la negociación del Tratado Antártico y su adopción en 1959, a la promoción de los principios que establece dicho instrumento y a la consolidación de un sistema derivado del mismo, efectivo entre sus miembros y legítimo ante la sociedad internacional.

Es en este escenario donde se ponen a prueba la solidez de la postura internacional de nuestro país, la perseverancia de su acción exterior, el sentido de respeto al Derecho y de política de Estado de la diplomacia de Chile.

Ambas cuestiones constituyen una interpelación a la capacidad de diálogo y a la perspectiva de integración que subyace en la Política Exterior y en la diplomacia chilena.

Manuel Luis Rodríguez U.

El Tratado Antártico de 1959 congeló todas las reclamaciones territoriales sobre la Antártica

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El artículo 4 del Tratado Antártico de 1959, que suscribieron y ratificaron los Gobiernos de Argentina, Australia, Bélgica, Chile, la República Francesa, Japón, Nueva Zelandia, Noruega, la Unión del África del Sur, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América, establece que:

“Ninguna disposición del tratado se interpretará como renuncia o menoscabo o como perjudicial a los derechos de soberanía territorial o a las reclamaciones territoriales en la Antártida, previamente declaradas. Ninguna actividad que se realice mientras esté en vigencia el tratado servirá para hacer valer, crear, apoyar o negar un fundamento de reclamación de soberanía territorial. Se prohíbe la ampliación o creación de nuevas reclamaciones de soberanía territorial en la Antártida mientras dure el tratado.”

Reflexión y análisis geopolítico desde el sur del sur del planeta

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