Empresa Rockhopper anuncia importante hallazgo de reservas de petróleo en el fondo marino de Islas Falklands

El presidente de la empresa petrolera inglesa Rockhopper Exploration Plc, Pierre Jean-Marie Henri Jungels, reveló en la última asamblea de accionistas de la compañía que el área marítima Sea Lion, al norte de las Islas Falklands, es un logro fabuloso para la compañía que tiene ahora un yacimiento de clase mundial, similar a las reservas que reporta en Argentina la compañía privada Pluspetrol.

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“Se confirmó el tamaño del Sea Lion como un yacimiento de petróleo de clase mundial”, dijo a sus accionistas Pierre Jean-Marie Henri Jungels, y prometió convertir a la Cuenca Norte de las Islas Falklands en una “nueva provincia productora de hidrocarburos”.

“Este fue un logro fabuloso para un pequeño equipo, hábilmente dirigido por su nuevo CEO, Sam Moody. No todos los operadores logran este resultado con equipos a menudo considerablemente más grandes”, resaltó Jungels durante el encuentro en la sede de la compañía, ubicada en el número 5 de Welbeck Street, en Londres.

Rockhopper anunció este jueves que sus reservas netas de petróleo se duplicaron a más de 300 millones de barriles, mientras expertos independientes estiman que la Cuenca tiene un potencial de casi 1.000 millones de barriles, un nivel similar al que reporta en la Argentina la firma local Pluspetrol (otra operadora mediana, Pan American Energy, tiene reservas por 1.600 millones).

Los hallazgos off shore se encuentran en un área en litigio entre el país y el Reino Unido, y corresponden a una operatoria cuestionada en Naciones Unidas y en otros foros internacionales, al punto que el anterior gobierno juzgó “ilegal” la exploración y producción de hidrocarburos en la zona.

Como se sabe, las Islas Falklands se encuentran bajo soberanía británica desde 1841, soberanía que fue sólo interrumpida por la invasión argentina y guerra entre abril y junio de 1982.

Al margen del conflicto político y diplomático, Jungels lamentó que la crisis financiera en el mercado europeo limitara los préstamos bancarios disponibles, y sostuvo que de no haber sido por esa restricción “podríamos incluso haber visto por primera vez petróleo este año”.

Rockhopper es propietaria de más del 50% de dos yacimientos petrolíferos, Sea Lion (león marino) e Isobel Elaine, que podrían contener reservas de 747 millones barriles de petróleo y gas, según la auditoría independiente preparada por ERC Equipoise Limited (ERCE).

La empresa tenía una participación de 24% en estos yacimientos, pero la aumentó a 64% al fusionarse a fines del año pasado con la compañía Falkland Oil & Gas, según la denominación en inglés.

El CEO de Rockhopper, Moody, destacó que la nueva auditoría “confirma el potencial de las islas Falklands Norte para ser una cuenca de 1.000 millones de barriles”.

El complejo de Sea Lion tiene más de la mitad de esas reservas, con casi 270 millones de barriles de bajo riesgo, que según el ejecutivo “podría ser evaluado con tan sólo 3 ó 4 pozos más dirigidos de manera óptima”.

Además, añadió Moody, el descubrimiento Isobel Elaine “tiene el potencial de ser un tercio del desarrollo regional, que potencialmente contiene más de 500 millones de barriles”.

Jungels remarcó durante la asamblea de accionistas de Rockhopper el “privilegio de haber estado involucrado con una de las más emocionantes historias de exploración y producción de la última década”.

“Realmente se puede decir que se ha abierto una nueva provincia de hidrocarburos, de la que en el tiempo que tengo toda la confianza en que vamos a ver a los 1.000 millones de barriles -y más- de petróleo producido”, vaticinó el presidente de la compañía.

De esta forma, Jungels resaltó que “tuvimos el maravilloso -y raro en el mundo de la exploración- éxito de encontrar Sea Lion con nuestro primer pozo”, operado en la superficie inicialmente testeada por la compañía Shell.

“Este fue, por supuesto, un momento de transformación para la empresa, y de hecho para la industria en las aguas alrededor de las Falkland Islands”, señaló el ejecutivo inglés.

Tras destacar que el plan de desarrollo en fases sensibles “establecerá a las Falklands como nueva provincia productora de hidrocarburos”, Jungels puso de relieve los “progresos reales” en el armado de la ingeniería básica para la explotación, que incluye el FEED (Front End Engineering Design).

Como “factor negativo”, sin embargo, mencionó el colapso del precio del petróleo de la últimos dos años, “con sus consecuencias para el flujo de caja de los socios actuales y potenciales”.

No obstante, concluyó, “una evaluación del valor de Rockhopper debe tener en cuenta tanto nuestra sólida posición financiera con dinero en efectivo en el balance general, y nuestro potencial para generar flujo de efectivo a través de la producción en Sea Lion en algún momento”, aunque se espera para ello una suba de los precios del petróleo.

Rivalidad hegemónica global y el escenario geopolítico sudamericano en la segunda década del siglo XXI

¿América Latina ha dejado realmente de ser el “patio trasero” de Estados Unidos?    

La evidencia indicaría que a pesar de los esfuerzos en los recientes diez años de diferentes gobiernos y cancillerías por intentar distanciar a América Latina de la influencia estadounidense, abriéndose hacia otros horizontes geopolíticos, en especial respecto de China y el Asia Pacífico, el resultado ha sido magro y la subregión sigue formando parte del espacio de hegemonía de EEUU.

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En menos de seis meses, el cuadro geopolítico sudamericano está cambiando profundamente: con la llegada de un gobierno de derecha en Argentina, el reestablecimiento de las relaciones entre Cuba y EEUU y la visita de Obama, el avance en las conversaciones de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia, la caida “legal” de la presidenta Dilma Rousseff en Brasil y la creciente crisis económico-política en Venezuela, pueden señalarse como los rasgos geopolíticos más relevantes del año 2016 en curso.

La arremetida política, comunicacional y electoral de las fuerzas políticas de derecha y neoliberales (derecha empresarial y comunicacional aliada con la derecha política conservadora y neoliberal) en todo el área sudamericana, podría poner en cuestionamiento los esquemas de integración continental, que habían desarrollado las principales subpotencias para situarse de un modo más ventajoso frente a los esfuerzos de EEUU por mantener su hegemonía en América Latina.

A principios de la actual década (2010-2020), EEUU parecía haber logrado la formación de un “eje geopolítico del Pacífico” con Canadá, EEUU, México, Colombia, Perú y Chile, como contrapartida a la formación de un “eje geopolítico del Atlántico” donde se integraban Venezuela, Brasil, Uruguay y Argentina.

Pero hoy es posible comprobar que en la rivalidad de las lógicas de integración de América Latina en el mundo (por ejemplo, el “esquema Pacífico” frente al “esquema Atlántico”), Estados Unidos sigue siendo una potencia determinante en el escenario geopolítico regional.

Al analizar la relación “América Latina-Estados Unidos” -que es cada vez menos la relación estratégica principal entre ambos actores- siempre hay que tener presente que la potencia estadounidense tiene una política respecto de América Latina, pero en cambio América Latina no tiene una política respecto a EEUU.   A medida que transcurre el siglo XXI y el orden global se vuelve cada vez más multipolar, el eje América Latina-EEUU deja de tener el lugar central que tenía a principios o a mediados del siglo XX.

En América Latina desde una perspectiva ideológica, el neoliberalismo es mucho más que una forma de gobierno y de Estado subsidiario sometido a las reglas del mercado, que se ha expandido geográficamente por el planeta, y que además ha logrado permear amplios sectores sociales, económicos y culturales gracias a una combinación de educación y de hegemonía cultural y control sobre los medios de comunicación.  La hegemonía ideológica del neoliberalismo fue cuestionada por las corrientes y gobiernos progresistas en el continente, al tiempo que se manifiesta una creciente crisis conceptual y política de las elites económicas y los partidos que sustentan esta ideología económica.

En la geopolítica latinoamericana, los foros sociales y políticos no son suficientes: en el siglo XXI cuentan el control de las redes comunicacionales, la capacidad de difusión de información y de movilización de redes organizacionales y el rol político de los gobiernos dispuestos a comprometerse en la agenda ciudadana.  En América Latina los efectos del “modelo neoliberal” han resultado desastrosos para la seguridad nacional, la soberanía energética y el dominio nacional sobre los recursos naturales y energéticos, porque ha significado la desnacionalización completa de dichos recursos con la consiguiente pérdida de soberanía de los Estados.

Por lo tanto, el contexto global en que se sitúa hoy el continente sudamericano es aquel que se caracteriza por la prolongación de la crisis económico-financiera a escala mundial iniciada el 2008, por la intensa rivalidad hegemónica de las potencias emergentes (Rusia, China, India)  en particular que amenaza estructuralmente el esquema de dominación occidental y estadounidense; un contexto caracterizado por la rivalidad hegemónica de las grandes potencias, la incertidumbre estratégica y las crisis.

AMERICA LATINA EN EL DISEÑO GLOBAL ESTADOUNIDENSE.

En este contexto global, la política exterior de EEUU hacia América Latina se orienta a mantener a la región dentro de un área de influencia (la ideología neoliberal de la libre empresa y del libre mercado) política, económica, tecnológica, cultural y comunicacional.

¿Es importante América Latina para la diplomacia estadounidense?

En comparación con otros espacios geopolíticos en el mundo, como el Medio Oriente, el sudeste asiático, Asia oriental o el Mediterráneo, sin duda América Latina no es el centro principal de la preocupación estadounidense.

No puede desconocerse que este esquema hegemónico se produce en un escenario mundial donde se produce una acelerada movilidad y redistribución del poder y las hegemonías entre las principales potencias y las distintas regiones del planeta, lo que otorga un clima de incertidumbre estratégica a todo el sistema-planeta.  El mundo está cambiando aceleradamente y esa aceleración es producto tanto de los esfuerzos de las potencias globales por ordenar el escenario conforme a sus intereses estratégicos, como de la percepción que asistimos a una combinación inédita de crisis que se superponen y entremezclan: crisis financiera, crisis ambiental y ecológica, crisis económica, crisis alimentaria, crisis energética.

Esa política exterior estadounidense respecto de América Latina se enfrenta hay no solo ante el dilema “Clinton-Trump” de las elecciones presidenciales (Clinton representando la continuidad de la política exterior de Obama de énfasis en las relaciones económicas; y Trump representando a los halcones de la guerra, de énfasis en la confrontación abierta con los gobiernos progresistas), sino también en un momento de reflujo de las corrientes y gobiernos progresistas.

La agenda EEUU-América Latina no se limita a los flujos de narcotráfico o de migrantes, sino a cuestiones más complejas como la recuperación y/o nacionalización de los recursos naturales y el respeto a la soberanía de los Estados de la región.    Es posible sostener que la relación entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe ya no es como antes. Washington ya no despliega una sola «política latinoamericana», sino diferentes estrategias bilaterales o subregionales: México, América Central y el Caribe conforman un área profundamente integrada, a través de la migración y el comercio, a EEUU; la zona andina constituye el foco de mayor preocupación norteamericano, debido a la inestabilidad política y el narcotráfico; mientras que los países del Cono Sur cuentan con un margen de maniobra política y diplomática que no existía en el pasado. En general, la agenda estadounidense para América Latina está menos basada en la geopolítica, la seguridad nacional y la ideología y más centrada en la economía, en el marco de problemas compartidos como el narcotráfico, el ambiente y la migración, aun que los asuntos estratégicos y militares están siempre presentes en su despliegue diplomático.

El “término de la guerra fría” en América Latina es mucho mas que el gesto político y simbólico de la apertura económica y las nuevas relaciones entre EEUU y Cuba, sino que es un lento proceso donde el viejo esquema bipolar no termina de borrarse de las mentalidades y de los diagnósticos de las cancillerías, las elites dominantes y los gobiernos latinoamericanos.

En este marco, América Latina ha expandido y multiplicado su presencia en foros internacionales y mediante la construcción de foros regionales (Mercosur, Alba, Unasur, Alianza del Pacífico, OEA), ha intentado instalar un discurso de política y diplomacia regional más o menos autónoma respecto de las potencias globales dominantes.

Los gobiernos progresistas de América del Sur (Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina, Venezuela, Uruguay) sin embargo, van a contrapelo del esquema de hegemonía estadounidense, y esta es probablemente una de las explicaciones más consistentes para comprender la tendencia actual de crisis de la corriente progresista en la región.

LA RIVALIDAD HEGEMÓNICA GLOBAL DESDE EL ESCENARIO LATINOAMERICANO.

La rivalidad hegemónica global se traslada a América Latina y a América del Sur en particular, a través de los esfuerzos de Brasil, Argentina y Venezuela por generar estructuras regionales de integración que escapen al modelo estadounidense de relaciones económicas, y por establecer relaciones económicas y políticas con la República Popular China, con Rusia.

En este marco de rivalidad global, Brasil es una potencia importante y decisiva en América Latina.    La diplomacia brasileña dispone de una importante panoplia de arenas multilaterales donde despliega su inserción mundial.

Las más recientes orientaciones de la diplomacia brasileña en el orden internacional (bajo los gobiernos del PT) lo muestran como una potencia activa que pretende mantener su predominio en Sudamérica  y expandir su presencia global: 1. Integra el BRICS (Brasil, Rusia, India y China) grupo privilegiado de grandes espacios continentales y regionales;  2. el grupo de los cuatro junto con India, Sudáfrica y Alemania reclamando una silla permanente en el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas. 3. la Unasur (Unión de Naciones del Sur) junto con el resto de los países de América del Sur. 4. El grupo del G20 con los Estados de mayor producción de riqueza. 5. El G5 junto con México, Sudáfrica, China e India grupo de potencias emergentes. 6. El pacto turco-brasilero de diálogo con Irán, en contraposición a la lógica de demonización de Iran propiciada por EEUU e Israel.

En este cuadro, asistimos a una etapa de deterioro y/o de crisis de los gobiernos progresistas y el reingreso de gobiernos neoliberales o conservadores.

La crisis de los gobiernos progresistas sudamericanos obedece a una combinación compleja de factores: por una parte, la percepción ciudadana de pérdida de legitimidad de la clase política y los partidos políticos como consecuencia de la corrupción que mezcla dinero y política; por otra parte, el efecto de desgaste de los gobiernos que tienden a perpetuarse, que arriesgan derivar en personalismos populistas y que tienen dificultades para generar alternancia democrática.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES.

Carrizo, S.C., Velut, S., L’énergie dans le Mercosur. Réseaux transnationaux et logiques nationales, Hérodote 4/2006 (no 123) , p. 88-106.

Dominguez, J.: La Política exterior del Presidente Barack Obama  hacia América Latina. Rev. Foro Internacional, Vol. L, México, Abril junio 2010, Nº 2, pp. 243-269.

Giblin, B.: Nouvelle Géopolitique en Amérique Latine. Paris, 2006. Rev. Herodote.  (no123) , p. 3-8.

Russell, R., Tokatlian, J.: Modelos de política exterior y opciones estratégicas: el caso de América Latina frente a Estados Unidos.  Revista CIDOB de Asuntos Internacionales, Nº 85-86, mayo 2009. pp. 211-249.

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Política de Estado y reclamaciones territoriales alrededor de Chile

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Por estos tiempos, surgen alrededor de Chile y su territorio, por el norte y por el sur, dos puntos geopolíticos que contienen dilemas de política exterior, que pueden leerse como desafíos y también como oportunidades.

Estos dos escenarios nos recuerdan que en muchos lugares de América Latina subyacen con persistencia, antiguas reclamaciones y diferendos provenientes del siglo XIX.

Se atraviesan en las agendas  postmodernas del siglo XXI, los viejos fantasmas decimonónicos por soberanías, territorios y fronteras como si los potentes impulsos a la modernidad arrastraran consigo banderas, mitos y reclamos que los tratados y la diplomacia no han terminado de zanjar.

Como si las experiencias de colonización europea que vivieron los países latinoamericanos del siglo XVI al siglo XIX, hubieran dejado como lastre mental una herencia cultural de nacionalismos estrechos, de guerras que los tratados no resuelven y de procesos de integración inconclusos.

Podría afirmarse incluso -acaso forzando la metáfora- que en ciertos círculos de la geopolítica latinoamericana, el Tratado de Westfalia parece  no haber ocurrido.

AGUAS EN EL NORTE.

Por el norte, el gobierno boliviano agita los medios y la opinión pública de su país con una campaña crecientemente agresiva y hostil hacia Chile, a propósito del uso de las aguas del río Silala, un curso de agua internacional que nace a 5 kms de la frontera binacional y desagua como afluente del río Loa en el océano Pacífico.

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La actual campaña comunicacional del gobierno boliviano puede interpretarse como una cortina de humo altisonante para desviar la atención de la opinión pública interna, ante sus recientes reveses electorales, o para dejar instalada una reclamación anticipada cuando el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre la demanda marítima sea emitido.

Bolivia ha comenzado a comprender que aunque el futuro fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya dispusiera que ambos países se sienten a dialogar  sobre la demanda marítima boliviana, nada obliga ni podrá obligar jurídicamente al Estado de Chile a ceder soberanía o territorio nacional para satisfacer tal reclamación. El Tratado de Paz de 1904 puede ser comprendido como el marco jurídico fundamental que regula las relaciones bilaterales, así como la piedra de tope inamovible donde se estrellan y se seguirán estrellando los constantes dispositivos mediáticos desplegados  por el gobierno de turno de Bolivia.

De ahí se desprende que el camino boliviano de judicializar el diálogo diplomático no conduce ni conducirá a ningún lado, y menos al litoral de Chile.

Si los gobernantes bolivianos de turno creyeron que con campañas comunicacionales iban a lograr mover la postura de Chile y su política exterior en cuanto Política de Estado, se equivocaron, porque la política exterior es una combinación de Política y Diplomacia, pero no de ruido mediático. Y en cambio, lo que sí han ido logrando en la opinión pública en Chile es un creciente rechazo ciudadano y político a sus provocaciones.   Se equivoca el gobierno de La Paz en alimentar la odiosidad antichilena en la población boliviana.

La política de Estado de Chile en materia territorial es clara y precisa: Chile no abriga reclamaciones territoriales sobre espacios ajenos y funda su política territorial sobre la vigencia efectiva de sus intereses nacionales y el respeto irrestricto a los tratados internacionales, como marco fundamental que posibilita las relaciones internacionales en un plano de igualdad.

AGUAS EN EL SUR.

Por el sur, una reclamación argentina sobre la plataforma continental de islas y territorios del Atlántico sur y del océano Austral y antártico, ha encontrado eco en una instancia de Naciones Unidas, apareciendo ante la opinión pública como un triunfo diplomático.

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Se trata de una maniobra diplomática argentina que apunta hacia Gran Bretaña, que produce un aparente choque entre el principio de las 200 millas establecido por la Convención del Mar, y la reclamación de soberanía por el archipiélago de las Falklands.

No logramos imaginarnos que si Argentina dibuja en los mapas las 200 millas desde la costa argentina hacia el Atlántico sur, Gran Bretaña podría también dibujar imaginariamente las 200 millas alrededor del archipiélago de las Falklands generando un choque de reclamaciones marítimas.

No cabe duda que la reclamación de Argentina a propósito de la plataforma continental en la zona del Atlántico sur, apunta en una dirección geopolítica manifiesta: la de cuestionar jurídicamente la presencia británica en las islas Falklands y en particular, la exploración y explotación del fondo marino en la plataforma del archipiélago desde 2010, y que realiza actualmente la empresa Rockhopper Exploration por encargo del gobierno de dicha dependencia británica.

Argentina cuestiona las actividades de exploración petrolera y gasífera que allí se realizan bajo el argumento que dichas operaciones tienen lugar en la plataforma continental argentina.

Pero, cabe observar que, de acuerdo a la cartografía conocida, la proyección de la llamada plataforma continental puede tener implicancias tanto para la soberanía de Chile y el libre tránsito marítimo que se ejerce plenamente en el estrecho de Magallanes hasta su boca oriental, como porque además manifiesta una reclamación territorial que se refiere a los territorios antárticos, la que está expresamente vedada por el Tratado Antártico de 1959, firmado y ratificado también por Argentina.

¿Cómo podría aplicarse coherentemente el principio de la llamada “plataforma continental” -que obedece específicamente a la normativa de la Convención del Mar- sobre los espacios marítimos o terrestres antárticos, en circunstancias que el Tratado antártico congeló expresamente las reclamaciones territoriales y de soberanía sobre dichos espacios?

En el marco del Tratado Antártico de 1959, citamos: “Ninguna disposición del tratado se interpretará como renuncia o menoscabo o como perjudicial a los derechos de soberanía territorial o a las reclamaciones territoriales en la Antártida, previamente declaradas. Ninguna actividad que se realice mientras esté en vigencia el tratado servirá para hacer valer, crear, apoyar o negar un fundamento de reclamación de soberanía territorial. Se prohíbe la ampliación o creación de nuevas reclamaciones de soberanía territorial en la Antártida mientras dure el tratado.”

Si a esto se agrega que Chile, Argentina y Gran Bretaña tienen definiciones territoriales sobre la misma península antártica, superponiéndose casi exactamente sus respectivas reclamaciones, fuerza sería de concluir que la manifestación argentina de una plataforma continental sometida supuestamente a su jurisdicción en el océano Austral y en el territorio antártico, no tiene efecto jurídico objetivo en las actuales condiciones y choca notoriamente con las estipulaciones del Tratado Antártico.

Desde los inicios del siglo XX, la política antártica nacional ha estado orientada principalmente a la consolidación y fortalecimiento de los derechos soberanos de Chile en el sector que se proyecta hasta el Polo Sur entre los meridianos 53° y 90° de longitud oeste; a prevenir controversias internacionales que pudieren afectar la paz y convivencia en el continente; y, a partir de la negociación del Tratado Antártico y su adopción en 1959, a la promoción de los principios que establece dicho instrumento y a la consolidación de un sistema derivado del mismo, efectivo entre sus miembros y legítimo ante la sociedad internacional.

Es en este escenario donde se ponen a prueba la solidez de la postura internacional de nuestro país, la perseverancia de su acción exterior, el sentido de respeto al Derecho y de política de Estado de la diplomacia de Chile.

Ambas cuestiones constituyen una interpelación a la capacidad de diálogo y a la perspectiva de integración que subyace en la Política Exterior y en la diplomacia chilena.

Manuel Luis Rodríguez U.

El Tratado Antártico de 1959 congeló todas las reclamaciones territoriales sobre la Antártica

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El artículo 4 del Tratado Antártico de 1959, que suscribieron y ratificaron los Gobiernos de Argentina, Australia, Bélgica, Chile, la República Francesa, Japón, Nueva Zelandia, Noruega, la Unión del África del Sur, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América, establece que:

“Ninguna disposición del tratado se interpretará como renuncia o menoscabo o como perjudicial a los derechos de soberanía territorial o a las reclamaciones territoriales en la Antártida, previamente declaradas. Ninguna actividad que se realice mientras esté en vigencia el tratado servirá para hacer valer, crear, apoyar o negar un fundamento de reclamación de soberanía territorial. Se prohíbe la ampliación o creación de nuevas reclamaciones de soberanía territorial en la Antártida mientras dure el tratado.”

Chile y Bolivia: dos diplomacias

Los recientes desencuentros mediáticos entre Chile y Bolivia, ponen de relieve las diferencias profundas de estilo y de orientación estratégica entre las políticas exteriores que desarrollan ambas Cancillerías y ambos Gobiernos.

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La política exterior es siempre un reflejo de la realidad de la política de un Estado, donde se combinan -en un equilibrio siempre impreciso- las necesidades del corto plazo, con los imperativos del mediano y largo plazo, las posibilidades del multilateralismo con las exigencias del bilateralismo.

Hacer política internacional no equivale ni a hacer negocios y transacciones en el mundo, ni a ocupar un escenario comunicacional para impactar sobre la opinión pública.

De este modo, mientras la diplomacia boliviana juega sobre la lógica circunstancial de ocupar la política exterior como herramienta para la política interna, la diplomacia chilena, en cambio juega sobre el sentido de las instituciones y las normas internacionales, en un contexto global inestable, asimétrico e impredecible.

Mientras la política exterior de Bolivia opera como un ejercicio de política altisonante y de comunicaciones basadas en la confrontación con el vecino tratado como adversario, la política exterior de Chile opera como una Política de Estado -inscrita en el mediano y largo plazo- basada en el diálogo y el respeto a las reglas del derecho internacional, en función de un conjunto de intereses nacionales.

El actual gobierno de Bolivia ha pasado desde la descortesía y las actitudes inamistosas con Chile, a una política de confrontación para efectos de su política interna.

POLÍTICA INTERNA Y POLÍTICA EXTERIOR.

Siempre ha sido impreciso el límite entre la política interna y la política exterior.

Generalmente se entiende, en diplomacia moderna, que la política interna delimita un campo de ideas, movimientos, estrategias y agendas relacionadas directamente con el ejercicio de la política pública y de los poderes del Estado dentro de un determinado ámbito territorial, a fin de cumplir con las necesidades de la ciudadanía, mientras que la política exterior se entiende como el conjunto de decisiones públicas y un campo de fuerzas en relación con los demás actores del sistema internacional y en función de la preservación y promoción de determinados intereses nacionales.

Es un interés prioritario de la política exterior de Chile, promover la integración. La globalización presenta oportunidades y desafíos a América Latina, tanto en su naturaleza como en su alcance. Creemos que para potenciar los beneficios de este proceso, América Latina debe incrementar la cooperación, asociación y complementariedad entre las naciones, pues ello favorece nuestro desarrollo individual y como región.

Por ello, la integración de Chile a la región latinoamericana se ha constituido en uno de los elementos más importantes de nuestra política exterior, lo cual se refleja en el significativo número de proyectos que, en diferentes áreas, se orientan a acercarnos a los países de la región bajo un marco de mutuo respeto y entendimiento.

En términos de énfasis, la atención se concentra en el desarrollo de la infraestructura regional, el fortalecimiento de la conectividad, la coordinación de políticas sociales, la reducción de la pobreza, la integración energética, el diálogo político y el libre comercio, objetivos que dan un sentido real a la idea de integración.

En este contexto, la conducta diplomática de Bolivia respecto del río Silala, resulta claramente parte de una estrategia comunicacional de provocación, que bien puede tratar de desviar la atención respecto de la actual demanda marítima en La Haya, pero que opera como un componente de política interna para minimizar los recientes eventos políticos que afectan a su gobernante.

¿El “río Silala” será acaso otra cortina de humo a la que nos tienen acostumbrados los actuales gobernantes altiplánicos?

Cabe señalar que el río Silala es un curso de agua internacional sucesivo que nace en Bolivia (país aguas arriba) y cruza la frontera hacia Chile (país aguas abajo) y por efecto de la gravedad sus aguas fluyen hacia nuestro país. Pertenece a la hoya hidrográfica del Río Loa y por ende a la cuenca hidrográfica del Pacífico. En nuestro país se ubica al interior de la comuna de Calama en la II región.

Hasta 1997, Bolivia reconocía al Silala como un río internacional y pese a que se llegó a un principio de acuerdo por el uso de estas aguas en 2009, éste no fue firmado por Bolivia y desde entonces se ha negado sistemáticamente a dialogar y a cooperar hacia una gestión conjunta de las aguas compartidas.

 

¿La guerra del Pacífico no ha terminado?

Algunas reflexiones geopolíticas acerca de los recientes esfuerzos comunicacionales del gobierno de Evo Morales en Bolivia, por tratar de desviar la atención de la demanda marítima en La Corte Internacional de La Haya.

Cuando se revisan las declaraciones de las altas autoridades políticas y diplomáticas bolivianas, queda la impresión que al parecer se han quedado mentalmente en 1879.  La visión geopolítica que han impuesto a los ciudadanos bolivianos es la idea que la guerra del Pacifico fue una guerra iniciada y declarada por Chile, olvidando que antes que esa guerra ocurra, fue descubierto el tratado militar secreto firmado entre Perú y Bolivia en contra de Chile.

Bolivia declaró la guerra a Chile el 1 de marzo de 1879 y Chile declaró la guerra al Perú y a Bolivia el 5 de abril de 1879.

Para los gobernantes bolivianos actuales, parece ser evidente que la guerra del Pacífico no ha terminado y, por lo tanto, se trata de desplegar una serie sucesiva de campañas comunicacionales agresivas, de provocación verbal, de declaraciones altisonantes, sobre la base de la victimización nacionalista y del fantasma del chileno agresor, prepotente e invasor.

Esto explica porqué las relaciones entre Bolivia y Chile parecen ir por dos carriles paralelos que no se encuentran: por un lado, la vida cotidiana de relaciones humanas y familiares, económicas y sociales entre chilenos y bolivianos en los territorios del norte de Chile, de convivencia y de entendimiento real; y por otro lado, el ruido mediático del discurso de las cancillerías y los gobernantes, los gestos diplomáticos bajo los focos de la televisión.

Nadie parece recordar que las dos veces que Bolivia ha roto relaciones diplomáticas con Chile, ha sido por decisión de  dos de sus propios gobernantes.  En 1964 el presidente Victor Paz Estensoro cortó relaciones diplomáticas con Chile, y en 1978, tras una fracasada gestión para eventualmente otorgar un pasadizo terrestre a Bolivia por el norte de Arica, el dictador boliviano Hugo Banzer volvió a romper las relaciones diplomáticas con Chile.

Nadie parece recordar que en 2002, el Presidente boliviano Jorge Quiroga propuso construir un gasoducto por el puerto chileno de Mejillones para exportar gas boliviano a los mercados de América del Norte y Asia y fueron los propios bolivianos los que rechazaron tal proyecto, prefiriendo conectar con el puerto peruano de Ilo.

Estamos en el siglo XXI, la era de la globalización, la época en que las viejas fronteras nacionales, los viejos nacionalismos militaristas y belicistas, las antiguas soberanías, parecen haberse diluido en la lógica líquida de los intercambios y de las redes globales.

Estamos en el siglo XXI, la época en que la tierra es plana, donde las fronteras se vuelven cada vez más permeables, mientras algunos gobernantes siguen adheridos a los anticuados discursos ultranacionalistas del siglo XIX para justificar sus liderazgos.

Esos líderes necesitan siempre un enemigo, y aprovechan al vecino de al lado para inventarse un adversario a quién insultar y provocar.

La equivocada estrategia de Bolivia – Boris Yopo – El Mostrador

La estrategia seguida por el gobierno boliviano en estos últimos años para avanzar en su aspiración marítima, está produciendo (aunque son casos jurídicos e históricos muy distintos) un resultado muy similar al que tuvo la Guerra de las Malvinas para la Argentina: en vez de contribuir a generar un escenario que acerque posiciones y haga factible avanzar en soluciones imaginativas hacia el futuro, está en cambio generando un clima político al interior de la contraparte (Chile) que cierra toda opción de cualquier avance, probablemente por muchas décadas.

En el caso de Argentina, esto fue como resultado de una guerra sin destino iniciada por la dictadura militar de ese país. En el caso nuestro, producto de una escalada de acciones, declaraciones, y ahora posiblemente de una segunda demanda, que solo cierran cualquier posibilidad de un diálogo fecundo en los próximos años. Y es que ningún gobierno, no importa su signo político, va a aceptar hacer concesiones en una materia tan sensible de política exterior, cuando la opinión pública está de manera abrumadora por no hacer ninguna concesión en un tema que afecta directamente la soberanía del país. Ahora, esta predisposición existente en Chile ha sido resultado directo de la política que ha llevado adelante el actual gobierno boliviano.

Hasta antes de entablar la demanda, diversas encuestas reconocidas en nuestro país indicaban, por ejemplo, que cerca de un 40% de la población estaba dispuesta a facilitar alguna salida directa al mar a Bolivia (sumando a los que señalaban con, y sin soberanía, pero salida directa al fin). Asimismo, importantes líderes de opinión se manifestaron en igual sentido ese período (2008-2010) . Todo esto cambió radicalmente, sin embargo, con la demanda y otras acciones emprendidas por Bolivia desde ese momento.

Resulta una paradoja, entonces, que hoy la aspiración boliviana se encuentre infinitamente más lejos de realizarse que hace unos años, y en esto, o las actuales autoridades bolivianas no supieron leer o relevar la importancia de los “climas de opinión pública” en decisiones de política exterior, o es que simplemente (como suele suceder en muchos casos) las relaciones con Chile han pasado a ser una “variable de ajuste” de la política doméstica, con prescindencia de los alcances que ello tendrá en un tema que las mismas autoridades de ese país califican como la principal reivindicación nacional. La tercera posibilidad, de que la comunidad internacional pudiese “obligar” a nuestro país en algún momento a hacer concesiones en esta materia, carece de todo sustento y realismo.

Toda política exterior “parte en casa”. Mientras no exista una predisposición distinta en Chile, nada cambiará el “statu quo” existente y, en esto, las actuales (y anteriores) autoridades bolivianas tienen una cuota importante de responsabilidad que asumir.

Chile no solo tiene antecedentes jurídicos sólidos que sustentan nuestra posición, sino que además muchos países vecinos y amigos entienden perfectamente las graves implicancias que para la estabilidad regional y global tendría entrar en un proceso global de revisión de las fronteras actualmente existentes, sustentadas en tratados válidos y vigentes.

Ahora, la causa boliviana sí despierta simpatía en algunos países, pero tampoco es un tema que esté en la centralidad de la agenda de estos u otros Estados, y por tanto, es contraproducente sobrerreaccionar o adoptar decisiones apresuradas respecto a cualquier nuevo paso que dé este país. Tampoco hacer uso con fines de “política interna” de este tema, pues ello debilita la necesaria imagen de unidad nacional hacia el exterior. Lo que sí hay que seguir haciendo, es la labor de “pedagogía diplomática” para explicar nuestra política, establecer los hechos como realmente son, y reafirmar nuestro compromiso y vocación latinoamericana (porque además, la neutralidad del vecindario es vital para nuestros intereses).

Por último, mantener una disposición abierta a un futuro diálogo con Bolivia, pero ello no será viable mientras las autoridades bolivianas persistan en hacer de nuestro país la “variable de ajuste” de sus problemas domésticos (con el consecuente impacto que eso genera en Chile). En tal sentido, los líderes de este país debiesen tomar nota de cómo cambió la política norteamericana hacia Cuba: aunque fue el gobierno de Obama, lo que precedió a este cambio fue un giro en la comunidad de origen cubano, en la opinión pública, y en líderes políticos y empresariales respecto a la política hasta entonces seguida.

Toda política exterior “parte en casa”. Mientras no exista una predisposición distinta en Chile, nada cambiará el “statu quo” existente y, en esto, las actuales (y anteriores) autoridades bolivianas tienen una cuota importante de responsabilidad que asumir.

Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/03/31/la-equivocada-estrategia-de-bolivia/

Reflexión y análisis geopolítico desde el sur del sur del planeta

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