Este ensayo presenta un análisis de las principales tendencias geopolíticas en materia energética para América del Sur, a la luz de la información de prensa y especializada disponible. Resulta evidente que la energía, como fuente fundamental de los procesos económicos, se ha venido convirtiendo gradualmente en el continente, en un arma geopolítica y no solamente en un recurso estratégico.
Precisamente porque el gas natural y el petróleo son hoy sin lugar a dudas instrumentos geopolíticos de vital importancia estratégica para el desarrollo de las naciones sudamericanas, en manos de sus Estados y porque las lógicas de mercado resultan insuficientes para garantizar el abastecimiento y la seguridad energética a estas naciones, resulta incomprensible que algunas políticas energéticas -como la que observamos hoy en Chile- avanzan a contrapelo de la tendencia regional, intentando jibarizar a su Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, privatizando subrepticiamente algunas de sus funciones de exploración y explotación y en definitiva entregando a los intereses extranjeros, recursos que serán cruciales para intentar el salto al desarrollo que el país requiere.
Manuel Luis Rodríguez U., Cientista Político.
Punta Arenas – Magallanes, invierno de 2006.
Un nuevo panorama geopolítico de la energía en América del Sur
Desde la década de los años ochenta América Latina ha experimentado la notoria influencia ideológica y política de los centros de pensamiento neoliberales que promovieron en materia de políticas energéticas para la región, los dogmas de la privatización del sector energético: Sin embargo, desde los recientes años iniciales del siglo XXI puede observarse un giro en la orientación geopolítica del tema energético en la región sudamericana, lo que ha resultado en un reposicionamiento relativo del Estado como actor importante en el negocio energético.
Señales indicativas de esta nueva tendencia son la decisión boliviana de nacionalizar sus hidrocarburos, la creación de una nueva empresa estatal de energía o el plebiscito realizado en Uruguay que no permitiría la participación privada en la empresa estatal de petróleo. En general, puede afirmarse que la región sudamericana en general parece venir de regreso de la tendencia neo-liberal en materia energética que se vivió en la década de los noventa del siglo XX.
A pesar de que las crisis económicas de los primeros años de este nuevo siglo abatieron la tendencia al crecimiento constante del consumo de energía, los países del Mercosur no pudieron evitar que les faltara suministro energético. En diferentes momentos y de diferentes maneras, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay se vieron enfrentados a problemas serios de abastecimiento y debieron recurrir a distintas medidas para reducir el consumo o diversificar las fuentes de suministro.
En particular, la crisis de producción de gas natural, que se suscitó en Argentina en el otoño de 2004 y que arrastró a Chile y Uruguay, puso en evidencia las debilidades de la integración energética regional. Argentina tenía contratos de provisión de gas natural a Chile y de electricidad a Uruguay (contratos que son en esencia de productores privados a suministradores privados), los que no pudo cumplir debido a problemas internos de mercado y de falta de inversión. Ambos compradores perjudicados salieron de la crisis con la clara convicción de que Argentina no es un socio confiable.
En el caso uruguayo se comenzó a especular con importar electricidad desde Paraguay, además de aumentar el parque térmico propio. En Chile, tardíamente se ha vuelto a pensar en fuentes propias como la geotermia e incluso la eventualidad de llegar a la energía nuclear, y aún se expresa perplejidad ante la negativa de Bolivia de abastecerlo de gas natural debido al histórico y más que centenario conflicto entre los dos países, relativo a la salida boliviana al mar. Pero en definitiva, el objeto mínimo de todo Estado moderno, que es el de lograr el máximo de autonomía energética relativa posible, queda cuestionado por la fuerza de los intereses económicos que predominan en este crucial negocio.
Brasil, por su parte, siendo el mayor consumidor energético del Mercosur, ha echado mano a todo lo que pudo. Brasil ha optado por un conjunto de soluciones tales como construir grandes centrales hidroeléctricas y el propio gobierno intenta eximir a estas obras de estudios de impacto ambiental, para que así puedan construirse y en el plazo más breve. Brasil también apuesta a la importación de gas natural desde Bolivia y Venezuela, a la explotación de las reservas propias de petróleo y gas existentes bajo el mar territorial, a fuentes renovables como la energía eólica y especialmente las biomasas. También, y con una dedicación destacable en la región, se impulsan el ahorro y la eficiencia energética. Brasil acaba de anunciar en forma contundente que ha alcanzado la autosuficiencia en materia petrolera.
En general todos los países, apuestan de una u otra manera a que el gas natural llegue desde alguna de las reservas más importantes existentes (Perú, Bolivia o Venezuela) a precios baratos y en abundancia. Esto ha generado en América del Sur una proliferación de planes de gasoductos pero en su conjunto, la tendencia a la integración energética, tiene que confrontarse con la búsqueda de la mayor autonomía energética relativa posible.
La lógica de mercado en el tema energético
La región de América Latina se embarcó durante la década del noventa del siglo XX en un modelo de desarrollo energético común basado en la integración regional, la extensión del uso del gas natural y el ingreso de compañías privadas en todas las áreas del negocio energético. Este fenómeno no fue casual, sino que respondió a las nuevas condiciones establecidas por la banca multilateral de desarrollo para financiar las necesidades del sector. La banca multilateral de desarrollo era la encargada de suministrar los fondos para los grandes macro-proyectos del sector energético.
Pero dos factores ajenos parecen haber influido para operar un cambio de timón en su orientación. Una de ellas fue la corrupción instalada en muchos gobiernos de la región, que hizo ineficientes y excesivamente costosos todos los proyectos energéticos. Un ejemplo paradigmático de esto fue la represa Yaciretá, complejo hidroeléctrico binacional argentino-paraguayo cuyo costo estaba previsto en menos de dos mil millones de dólares y terminó costando más de diez mil millones. Pero por otro lado, la banca asumió la lógica de que las necesidades energéticas de la región eran crecientes y que las grandes empresas de la energía encontrarían excelentes oportunidades de ganancia, lo que las llevaría a invertir en esos países.
La lógica de los bancos fue cortar el estilo de financiamiento impulsado hasta entonces y que tenía a las monopólicas empresas estatales de la energía como destinatarias de sus proyectos y promover una reforma del sector que fuera atractiva para las grandes empresas de la energía, es decir, se trataba de influir financieramente para privatizar el negocio energético.
