¿GASTO O INVERSIÓN EN DEFENSA?
El debate político, técnico y castrense acerca de los recursos que una nación destina a la Defensa Nacional, parece derivar subrepticiamente desde la importancia y relevancia del uso que dichos recursos tienen para el ejercicio normal y eficiente de la “función Defensa”, hacia la implantación de un enfoque financiero, diríamos estrechamente financiero y presupuestario, que gira en torno a la lógica del llamado ”gasto militar” y a la necesidad de reducir el déficit estructural que caracteriza al presupuesto de Defensa.
El dilema conceptual del llamado “deficit estructural” del presupuesto de Defensa, en el caso de Chile, se origina en una doble constatación de hecho: 1° que el presupuesto de la Defensa en Chile presenta un márgen de déficit que se ha mantenido durante largos años llegando a formar parte estructural de éste, y 2° que todo presupuesto de Defensa se construye sobre supuestos operacionales, organizacionales y de misión necesariamente flexibles y dinámicos en el tiempo. Luego todo presupuesto de defensa representa siempre la difícil cuadratura del círculo entre la necesidad de fijar en el tiempo-espacio un conjunto de recursos en función de ciertas misiones y tareas, pero que se trata de misiones y tareas que cambian de acuerdo a la naturaleza dinámica de los escenarios geopolíticos y geoestratégicos en los que aquellas deben realizarse.
En el caso de Chile, la lógica presupuestaria que preside la “función de Defensa” del Estado, debe inscribirse en la perspectiva de los escenarios geopolíticos cambiantes que rodean al país, donde a la actual situación de semi-incertidumbre diplomática con Peru como consecuencia de la ddemanda marítima de ese país, se suma un clima soterrado de creciente volatilidad del actor boliviano, a la par que se avanza en los niveles de integración y cooperación con Argentina.
LA DEFENSA EN UN CONTEXTO GEOPOLÍTICO CAMBIANTE Y FLUIDO
En síntesis, el contexto geopolítico y geoestratégico inmediato que rodea a Chile, se caracteriza por un doble cuadro de incertidumbre relativa en el cuadrante Norte (lo que obliga a mantener una actitud y posición disuasiva sobre todo en los espacios marítimos), y por un cuadro de certidumbre y estabilidad en el cuadrante Este con Argentina.
A su vez, sobre este escenario geopolítico vecinal, se superpone un cuadro geopolítico subregional y oceánico, donde Chile incrementa aceleradamente su dependencia de los intercambios comerciales, financieros y tecnológicos con las potencias asiáticas orientales (China, India, Japón, Estados del sudeste asiático) al tiempo que en el intrincado ajedrez sudamericano, Chile mantiene relaciones privilegiadas con Ecuador y Brasil.
LEY RESERVADA DEL COBRE Y FINANCIAMIENTO DE LA DEFENSA
A este cuadro externo, hay que sumar el cambio que está intentando producir el Estado de Chile en cuanto al modo de financiamiento de la Defensa, a partir del proyecto de ley de derogación de la Ley Reservada del Cobre. En efecto, puede decirse que uno de los factores principales que motivan el desfase entre el gasto presupuestado y el gasto efectivamente realizado en Defensa en nuestro país, es la existencia de un mecanimo automático de transferencia que asegura Y otorga el 10% de las ventas al extranjero y subproductos de CODELCO a las Fuerzas Armadas.
Su carácter de “reservada” le ha otorgado a esta ley una percepción pública de secretismo que no ha ayudado a restarle controversia en los últimos años, no sólo porque el dinero es utilizado para financiar las compras militares de las Fuerzas Armadas, sino además porque estos fondos no se rigen por las normas sobre manejo, pertinencia y proporcionalidad en el uso de los recursos fiscales vigentes, sino por normas de excepción que permiten tomar créditos y no entregar información sobre las deudas.
Estas normas excepcionales le confieren cierta libertad de acción a la Defensa Nacional para la decisión de adquisición de armamentos.
En primer lugar este gasto militar no se somete a la discusión del Congreso, como ocurre con todo el resto del Presupuesto de la Nación cada año, y tampoco las inversiones realizadas por las Fuerzas Armadas son analizadas posteriormente por el Poder Legislativo. Sólo son analizadas administrativamente por la Contraloría, aunque tampoco puede pronunciarse sobre la materia. Pero en lo fudamental, lo que más se discute es precisamente que la mayor o menor compra de armamento varíe según los precios del cobre, dando orígen a una dependencia presupuestaria y operacional que genera que el gasto militar pueda alejarse desproporcionadamente de la realidad, tanto en exceso como en déficit.
En este cuadro, la Defensa nunca puede entenderse solamente como gasto militar, sino también y sobre todo como inversión en seguridad, toda vez que la “función de Defensa” del Estado da cuenta de una necesidad estructural que toca a la supervivencia del país y a la relación existente entre la defensa y el desarrollo.
Así el déficit estructural del presupuesto de la Defensa depende hoy del mecanismo de financiamiento.
Manuel Luis Rodríguez U.
